
Autoridades titulares y suplentes que se elegirán el 22 de marzo. (Imagen: TSE)
El 22 de marzo, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a 5.432 autoridades departamentales, regionales y municipales (entre titulares y suplentes) en todo el país.
Durante esta jornada electoral se elegirá a los gobernadores de los nueve departamentos, así como a cuatro vicegobernadores en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
En tanto, en el departamento de Beni también se votará por ocho subgobernadores y 19 corregidores.
También se elegirá a 144 asambleístas departamentales por territorio y 105 asambleístas departamentales por población en los nueve departamentos, además de 28 asambleístas departamentales elegidos mediante normas y procedimientos propios de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) y del pueblo afroboliviano.
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A nivel regional, la población del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de Tarija elegirá a un Ejecutivo Regional, dos ejecutivos de Desarrollo (uno por Villa Montes y otro por Caraparí), seis asambleístas regionales por territorio y tres asambleístas regionales por población.
En el ámbito municipal se elegirán 335 alcaldes y 2.044 concejales municipales, además de cinco concejales indígena originario campesinos.
Este proceso electoral se caracteriza por la aplicación de varios tipos de circunscripciones y sistemas electorales, según el cargo a elegir.
Para la elección gobernadores se aplicará el principio de mayoría absoluta, es decir, resultará ganadora la candidatura que obtenga el 50% más uno de los votos válidos, o al menos el 40% con una diferencia mínima de 10 puntos porcentuales respecto a la segunda candidatura más votada.
De no alcanzarse estos parámetros, se realizará una segunda vuelta entre las dos candidaturas con mayor votación.
En el caso de las asambleas departamentales y regionales, se toman en cuenta circunscripciones por población, por territorio y escaños especiales destinados a los pueblos indígenas que constituyen minoría poblacional, conforme a la normativa vigente y a los estatutos autonómicos correspondientes.
Las autoridades electas asumirán funciones para el periodo 2026–2031, después de un proceso que fortalece la democracia y el ejercicio del derecho al voto.