Los extranjeros fueron detenidos, pero hasta ayer la Fiscalía no había precisado a qué distrito del país serían trasladados para continuar con las investigaciones vinculadas a daños medioambientales. Las organizaciones mineras ilegales emplean mercurio en sus operaciones
Fuente: eldeber.com.bo
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A orillas del río Iténez, en el municipio de Baures, departamento del Beni, 10 ciudadanos brasileños habían instalado un campamento minero ilegal en el que gozaban de diversas comodidades, como un sistema de aire acondicionado. El grupo contaba con maquinaria pesada, vehículos, generadores de energía, barcazas, combustible, mercurio y otros químicos destinados a la explotación ilegal de oro.
En entrevista con EL DEBER, el director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, informó que se realizará un estudio geológico para determinar cuánto oro fue extraído, con el fin de contar con datos que permitan establecer el monto del resarcimiento económico que deberán pagar los extranjeros, quienes se asentaron en la comunidad Remanso, en un campamento valuado en medio millón de dólares.
“El impacto al medio ambiente es muy grave, el área afectada es de más de un kilómetro cuadrado, donde se observa la erosión y la degradación del suelo. Se ha logrado detener a 10 ciudadanos brasileños, se estima que, por las características del campamento, operaban hace más de un año”, señaló Sanabria.
El personal de la AJAM realizó el operativo el 7 de febrero con apoyo militar de la Base Naval Ramón Darío Gutiérrez a cargo del Inspector General de la Armada Boliviana, contralmirante Rocco Fredy Villazón Rocha. Al ser una zona de difícil acceso, en los límites de los departamentos de Beni y Santa Cruz, los uniformados destruyeron el campamento y no pudieron trasladar mayores evidencias.
Paradero desconocido
El caso de los 10 brasileños capturados aún se maneja bajo medidas de reserva. Desde el área legal de la AJAM respondieron que es información “confidencial”.
Consultados sobre el tema, desde la Unidad de Comunicación de la Armada tampoco aportaron detalles sobre la jurisdicción a la que fueron enviados los brasileños. En el comunicado que publicaron se menciona que los extranjeros fueron puestos a conocimiento de la autoridad de Migración, pero sin precisar en qué departamento.
Desde la Fiscalía Departamental del Beni aseguraron que no tienen registro del caso, aunque el operativo se produjo en el municipio beniano de Baures. La Unidad de Comunicación de la Fiscalía de Santa Cruz, como en caso anteriores, no aportó información útil.
A criterio del director de la AJAM, se trata de “verdaderas organizaciones criminales internacionales” que gozan de recursos y medios para cometer estos ilícitos. Sanabria afirmó que, para realizar la intervención, se efectuó un trabajo de inteligencia previo, con el seguimiento de personas para dar con la ubicación precisa del campamento.
Lamentablemente, se tiene el dato de que comunarios han instalado varios puntos de explotación minera artesanal, lo que dificulta la intervención contra la minería ilegal y agrava el nivel de contaminación ambiental.
Sanabria sostuvo que en Bolivia las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal han penetrado entre dirigentes y pobladores de las zonas afectadas, a quienes convencen de apoyar la actividad aurífera a cambio de dádivas personales o trabajos para la comunidad, como la construcción de pequeñas obras, lo que provoca que vecinos y comunarios ayuden a proteger a los delincuentes.
“Estas organizaciones cuentan con una amplia red de información, así eluden a la ley, se enteran de los operativos por medio de la misma población, en otros casos tienen la complicidad de autoridades regionales, municipales, departamentales y hasta nacionales”, explicó Sanabria.
Sostuvo que, en el caso de Baures, la investigación se inició en 2025, cuando se reportó la muerte de un ciudadano boliviano en medio de una confrontación por la explotación ilegal de minerales en la zona.
Sobre los 10 extranjeros, Sanabria precisó que la maquinaria y los insumos que contaban en el lugar “fácilmente superaban el medio millón de dólares” y que, estos deberían ser procesados por explotación ilegal de recursos minerales, entre otros delitos.
“Pachamamismo”
Consultado sobre el concepto de “cuidado a la Pachamama” o Madre Tierra, usado por los gobiernos del MAS, en especial por el exvicepresidente David Choquehuanca, que sostenía que el saqueo de los recursos naturales se daba por potencias extranjeras afectando territorio indígena, Sanabria descalificó dicha postura ideológica.
“Considero que el pachamamismo es un discurso de carácter político y demagógico”, aseguró el director de la AJAM.
Explicó que lastimosamente los dirigentes y pobladores participan en el encubrimiento de estas acciones ilegales sin comprender la magnitud del daño que le causan a su territorio y que en la mayoría de los casos es irreversible, además que no pagan impuestos.
Sanabria denunció que, el día del operativo en Baures, el Coordinador Nacional de Minería Ilegal de la AJAM, Marcelo Cáceres, junto con los funcionarios de apoyo y el personal militar, fueron emboscados y retenidos por comunarios, quienes los llevaron hasta una sede social, donde fueron interrogados.
Los pobladores presentaron una serie de alegatos en favor de los extranjeros, lo que, a criterio de Sanabria, demuestra que existía consentimiento y complicidad por parte de los comunarios con esa operación minera ilegal.