La pasada semana se amplió la detención preventiva de la exfuncionaria, quien es procesada por la magistrada Fanny Coaquira, a quien cuestionó la revisión de los documentos de su postulación ante la Asamblea Legislativa.
Por Carlos Quisbert
Fuente: eldeber.com.bo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado boliviano informes sobre “presuntos actos de intimidación”, el estado de salud y las condiciones de la detención preventiva que cumple la exvocal Claudia Castro, imputada por el caso consorcio y tráfico de influencias junto al exministro de Justicia, César Siles.
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“En esta ocasión, cumplo con indicar que en el día de la fecha (2 de febrero) la Comisión ha enviado una comunicación al Estado (de Bolivia), por medio de la cual ha trasladado su solicitud de medida cautelar y ha requerido información para el análisis de la situación planteada, conforme al artículo 25.5 del reglamento”, señala parte de la nota de la CIDH a la que tuvo acceso EL DEBER.
La misma, fue notificada al Estado el 2 de febrero. Está dirigida a Castro y a Kelly Tejeda (representante de Derechos Humanos), quienes, según la nota, solicitaron en noviembre de 2025, que la CIDH les otorgue medidas cautelares (de protección), ante presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de la ex vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.
La notificación se dio el mismo día que el juzgado a cargo de la causa amplió, por otros tres meses, la detención preventiva que debe cumplir la exvocal en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en el departamento de La Paz.
Castro es la única detenida preventiva de siete imputados por el delito de consorcio, tráfico de influencias y organización criminal. De acuerdo a su abogado, Marco Mostajo, la medida extrema se mantiene pese a que ella presentó certificados médicos que acreditan que padece de epilepsia.
Antecedente
El escándalo por este caso inició el 11 de junio, cuando el exjuez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, fue aprehendido luego de dictar una resolución por la cual suspendía de su cargo a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira e instruía, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitar a su suplente, Iván Campero.
Ante la presión, Lea Plaza reveló un audio en el que una voz, atribuida al exministro Siles, le instruía realizar dicha audiencia y le aseguraba que tendría protección de otras autoridades judiciales como el presidente del TDJ, Yvan Córdova. Luego de denunciar la intimidación de personal del Ministerio de Gobierno, en la gestión de Luis Arce, el exjuez logró salir del penal de San Pedro con detención domiciliaria, pero tiempo después falleció por un presunto autoatentado contra su vida, provocado, presuntamente, por la presión que recibía de las autoridades.
Entrevista
De acuerdo a la versión de la defensa de Castro, el viernes personal de un tribunal de sentencia se presentó a la cárcel de mujeres para realizarle una serie de preguntas sobre el estado de salud y los “presuntos actos de intimidación” que la exvocal sufrió durante su detención.
Precisamente, en la solicitud de la CIDH se requiere información sobre el tipo de tratamiento médico que recibe la exvocal y que se adjunte certificación de respaldo. Además, pide que el Estado responda a las denuncias de amenazas que la Castro asegura recibió en la cárcel
Mostajo explicó que la demanda ante la CIDH fue tramitada luego de que la vocal de la Sala Penal Primera, Silvia Portugal, revocó la detención domiciliaria con la que inicialmente se favoreció a Castro. Acción que contradice la postura de Castro, quien asegura que en la cárcel no existen las condiciones médicas para que una persona con epilepsia se mantenga detenida.
La exvocal declaró ante la Fiscalía que, en su criterio, el motivo de su detención es impedir que se investigue la documentación que Coaquira presentó ante la Asamblea Legislativa cuando se postuló al cargo. La acción de cumplimiento que se tramitó ante Lea Plaza trataba precisamente sobre el tema, la posible falsedad en una declaración jurada, en la que Coaquira aseguró que dio clases en la Universidad Bolivariana.
EL DEBER consultó por mensajes de texto la versión de la magistrada sobre el pedido de la CIDH, en el caso de Castro, pero al igual que anteriores oportunidades la autoridad no respondió a las preguntas.