En un contexto marcado por la urgencia de modernizar la gestión pública, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) firmaron un convenio interinstitucional orientado a acelerar la transformación digital del Estado. El acuerdo prioriza la desburocratización de los servicios públicos a través de tecnología, formación especializada e investigación aplicada.
Fuente: ANF
La alianza se concreta en un momento en que Bolivia enfrenta rezagos en infraestructura tecnológica, inteligencia artificial (IA) y desarrollo de talento humano. Para ambas instituciones, el desafío no es únicamente digitalizar trámites, sino rediseñar la relación entre el Estado y la ciudadanía.
“Desburocratizar el Estado es facilitar la vida de la gente. Cada rúbrica retenida es tiempo perdido, objetivos aplazados y emprendimientos que se enfrían o se quiebran”, afirmó el vicerrector de Unifranz en Cochabamba, Rolando López, durante el acto de suscripción.
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Desde la entidad estatal, su director general ejecutivo, Carlos Eduardo Rodrigo, subrayó que el gobierno electrónico no se limita a trasladar procesos al entorno digital, sino que implica “humanizar al Estado”, adecuando los servicios públicos a las demandas del siglo XXI.
Cinco ejes para la transformación digital
El convenio establece cinco líneas estratégicas de trabajo conjunto.
En gobierno electrónico, se prevé la mejora de plataformas estatales, la simplificación de trámites y la promoción de datos abiertos, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la accesibilidad en la gestión pública.
En ciberseguridad, se impulsará la formación y certificación de especialistas, la elaboración de protocolos de protección y la creación de laboratorios enfocados en la prevención de amenazas digitales, reforzando la soberanía tecnológica.
La formación de talento humano contempla programas de capacitación dirigidos a servidores públicos y la actualización académica en áreas como inteligencia artificial, blockchain y big data, bajo la lógica de “aprender haciendo”.
En investigación e innovación, ambas instituciones desarrollarán proyectos orientados a resolver necesidades concretas del sector público, desde prototipos tecnológicos hasta producción científica. Finalmente, el fortalecimiento institucional permitirá el intercambio de buenas prácticas y experiencias técnicas.
Rodrigo destacó que, pese al contexto económico complejo, el país atraviesa un momento de creatividad que debe transformarse en soluciones prácticas para la ciudadanía.
Rezagos digitales y brechas estructurales
La firma del acuerdo ocurre mientras Bolivia ocupa el puesto 16 de 19 en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2024, con 26 puntos sobre 100, dentro de la categoría “explorador”, que corresponde a una etapa inicial de adopción tecnológica.
El informe identifica debilidades en infraestructura digital, limitada formación especializada y baja producción científica. El país cuenta con menos de ocho centros de datos registrados, en su mayoría de pequeña escala y privados, insuficientes para sostener el desarrollo de aplicaciones de IA a gran escala.
Aunque existen avances normativos —como el Proyecto de Ley 178/2024-2025 sobre promoción y gestión de inteligencia artificial—, la implementación tecnológica en el sector público sigue siendo incipiente.
En materia de conectividad, el 70,2 % de la población utiliza internet. Sin embargo, cerca del 30 % permanece desconectado, una brecha que se amplía en áreas rurales, donde la cobertura alcanza solo al 53,9 % de los hogares.
De la academia al servicio del Estado
En los últimos años, Unifranz ha desarrollado proyectos tecnológicos con impacto social, entre ellos sistemas de prevención de accidentes viales basados en análisis facial, plataformas digitales creadas por estudiantes e investigaciones aplicadas en diversas áreas.
Sus laboratorios especializados en inteligencia artificial, simulación médica, negocios y medios digitales constituyen una infraestructura académica orientada a la innovación, que ahora se articula con el sector público.
La alianza no promete soluciones inmediatas, pero establece un marco de cooperación técnica en un escenario donde la ciudadanía demanda mayor eficiencia, transparencia y agilidad. Para ambas instituciones, la transformación digital del Estado dejó de ser una aspiración futura y se convirtió en una necesidad impostergable.