La diputada señaló que el proyecto establece que se considera violación cualquier relación sexual sin consentimiento libre, voluntario y expreso, incorporando este concepto como eje central del sistema penal boliviano.
Fuente: ABI
La diputada Andrea Ballivián (Unidad) repuso el Proyecto de Ley 010/2023–2024 C.S., una iniciativa legislativa destinada a fortalecer la protección frente a los delitos sexuales, eliminar vacíos legales que han favorecido la impunidad y adecuar la normativa boliviana a los estándares internacionales de derechos humanos.
Según la autoridad, el proyecto se encuentra en tratamiento en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y se trabaja de manera coordinada con la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, y la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría, para optimizar su avance.
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“Esta ley responde a una sentencia que el Estado nacional recibió en 2022 en el caso de Brisa (De Angulo). La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por el mal manejo en la investigación y juzgamiento de delitos de violencia sexual contra adolescentes”, explicó Ballivián, recordando que el plazo final para cumplir la resolución judicial es el 17 de febrero.
La diputada señaló que el proyecto establece que se considera violación cualquier relación sexual sin consentimiento libre, voluntario y expreso, incorporando este concepto como eje central del sistema penal boliviano.
Asimismo, Ballivián propuso eliminar el delito de estupro, argumentando que esta figura legal relativizaba la violencia sexual contra adolescentes, y planteó la creación de un nuevo tipo penal de violación incestuosa, con penas de hasta 30 años de privación de libertad.
Finalmente, destacó que la iniciativa declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar que el paso del tiempo beneficie a los agresores, y elimina atenuantes basadas en celos, honor, estado emocional o la reputación de la víctima, criterios que durante años han servido para justificar o minimizar las violaciones.