En Bolivia bajo el argumento de la protección de la niñez y criterios de inclusión y equidad, se han aprobado normas que —según el dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez— criminalizan prácticas pedagógicas básicas, como exigir responsabilidad académica a los estudiantes.
Fuente: ANF / La Paz
El dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, pidió al Gobierno y a las autoridades judiciales tipificar con mayor precisión qué se considera “maltrato psicológico” hacia estudiantes, al advertir que la falta de claridad normativa deja a los maestros en un estado de indefensión legal.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Álvarez sostuvo que, bajo el argumento de la protección de la niñez y criterios de inclusión y equidad, se han aprobado normas que —según afirmó— criminalizan prácticas pedagógicas básicas, como exigir responsabilidad académica a los estudiantes.
“El pedir que un niño sea responsable, que cumpla con sus tareas o que resuelva un ejercicio en la pizarra, hoy es considerado maltrato psicológico porque supuestamente afecta su autoestima”, señaló el dirigente, quien cuestionó la aplicación de criterios que calificó como “ficticios y populistas”.
El representante del magisterio urbano denunció que existen más de 100 maestros procesados e incluso encarcelados bajo acusaciones de maltrato psicológico y discriminación, sin que exista una definición clara que diferencie estas figuras de las medidas disciplinarias propias del proceso educativo.
Como ejemplo, mencionó el caso de una maestra que enfrentó un proceso judicial durante tres años por presunto maltrato psicológico, luego de solicitar a un estudiante —con conocimiento del padre de familia— que resolviera un ejercicio en la pizarra.
“Lo mínimo que debería hacer el Gobierno es establecer con claridad qué es maltrato psicológico y qué forma parte de la disciplina y la responsabilidad educativa”, afirmó Álvarez, al advertir que la ambigüedad normativa ha generado persecución judicial y vulnerabilidad para el sector docente.
Finalmente, el dirigente alertó que esta situación se enmarca en un contexto de desigualdad, desocupación y deterioro social, donde —según dijo— las normas actuales no están resolviendo los problemas estructurales de la educación, sino profundizando la conflictividad entre maestros, padres de familia y el sistema judicial.