Por: Ramiro Sánchez Morales
Bolivia atraviesa una de las encrucijadas más oscuras de su historia democrática reciente. En un 2026 marcado por cifras rojas —con el Banco Mundial proyectando una recesión económica severa del -1,1% y advirtiendo sobre el agotamiento del modelo fiscal—, el país necesitaba desesperadamente un liderazgo unificado, técnico y enfocado en la salvación del aparato productivo. Sin embargo, la crisis que hoy enfrenta el gobierno del presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara nos demuestra que la política boliviana sigue atrapada en un espiral de autodestrucción. Este choque en la cúpula no es un evento fortuito ni una mera anécdota de palacio; es el síntoma definitivo de una enfermedad estructural cultivada durante dos décadas de desmantelamiento institucional.
En menos de tres meses desde su histórica investidura en noviembre de 2025, el Ejecutivo ha pasado de ser una promesa luminosa de renovación —aquella que juró enterrar para siempre a las ideologías que sometieron al país— a convertirse en un campo de batalla institucional donde el «fuego amigo» es el pan de cada día. La reciente andanada de normativas ha puesto al descubierto las grietas insalvables de un «gobierno bicéfalo» donde el presidente y el vicepresidente tiran de la cuerda en direcciones diametralmente opuestas. Mientras la población clama por certidumbre económica y empleos, sus máximas autoridades juegan a las pulseadas de poder, poniendo en jaque la de por sí frágil estabilidad democrática de nuestra nación.
- De la alianza electoral al «divorcio» político
Hay que decirlo con todas sus letras: la fórmula Paz-Lara fue, desde su gestación, un matrimonio por conveniencia electoral. Rodrigo Paz, cobijado bajo la alianza política y ofreciendo un perfil ortodoxo orientado a recuperar la confianza de los mercados internacionales, necesitaba capitalizar el voto popular y periférico. Allí entró Edmand Lara, un ex policía que saltó a la fama a golpe de videos virales en redes sociales y denuncias ciudadanas. No había entre ellos una ideología común, ni un programa de gobierno orgánicamente consensuado, ni mucho menos una estructura partidaria de larga data. Era una amalgama diseñada con un único fin pragmático: derrotar al masismo en las urnas.
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Una vez instalados en el poder, las grietas tectónicas de esta alianza no tardaron en manifestarse. Ya desde los primeros compases del mandato, Lara marcó distancia erigiéndose discursivamente como el defensor de las clases populares frente a un gabinete de perfil más técnico. Rápidamente, el vicepresidente adoptó un inédito rol de «oposición interna». Cuando el país requería medidas de shock para evitar el colapso fiscal —como el inevitable y doloroso ajuste a los carburantes plasmado en el Decreto Supremo 5503—, Lara no dudó en cuestionar públicamente la ruta económica del oficialismo. Peor aún, utilizó su investidura como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ralentizar, condicionar y bloquear la urgente agenda que emanaba de la Casa Grande del Pueblo. Ante un segundo mandatario que torpedea desde adentro la gestión, la respuesta del presidente Paz no se hizo esperar, recurriendo a lo que muchos analistas ya bautizaron como el «garrote decretal».
- El «desarme» de la Vicepresidencia y la pugna constitucional
El conflicto ha dejado el terreno de las declaraciones altisonantes para cristalizarse en una ofensiva administrativa legal que busca, en la práctica, neutralizar políticamente a Edmand Lara. La estocada más agresiva llegó el 20 de febrero de 2026 con la promulgación del polémico Decreto Supremo 5552. Esta norma despoja a la Vicepresidencia de sus principales unidades de apoyo logístico, jurídico y financiero, transfiriendo su control y fiscalización bajo la dependencia directa del Ministerio de la Presidencia. En palabras simples y llanas: a Lara le cortaron las alas, dejándolo sin presupuesto, sin equipo operativo propio y, como denuncia la oposición, reducido a un mero «florero» decorativo mientras el ministro de la Presidencia asume atribuciones de vicepresidente de facto.
Esta asfixia administrativa no vino sola. El andamiaje legal se reforzó con el DS 5515, el cual había roto ya una tradición histórica al permitir que el presidente Paz gobierne mediante plataformas tecnológicas durante sus viajes oficiales internacionales, evitando así cederle el mando total de la nación a su disidente compañero de fórmula. A esto se suman otras normativas que centralizan la vocería y comunicación estatal, quitándole cualquier vitrina de exposición pública a la Vicepresidencia.
El debate jurídico que ha desatado esta maniobra es de proporciones constitucionales. El Órgano Ejecutivo defiende su arremetida escudándose en el Artículo 174 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece que la obligación primordial del vicepresidente es «coadyuvar» y «coordinar» las relaciones entre los órganos del Estado. El argumento de Paz tiene una innegable lógica de supervivencia: si Lara asume un rol de obstrucción sistemática, dinamita el principio mismo de coadyuvancia, forzando al jefe de Estado a utilizar su potestad reglamentaria para evitar la parálisis de la nación. No obstante, del otro lado de la acera, legisladores y constitucionalistas advierten que subordinar el presupuesto y la autonomía de la Vicepresidencia —cabeza del Órgano Legislativo según el Artículo 153— a un ministerio del Ejecutivo, constituye una peligrosa colisión normativa que afecta a la independencia y separación de poderes.
- La herencia del MAS: El desierto de partidos y el caudillismo
Para comprender a cabalidad la extrema fragilidad sistémica del actual gobierno, es imperativo elevar la mirada y revisar la pesada herencia tóxica que dejó el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante casi dos décadas de hegemonía ininterrumpida. La crisis actual no nació ayer; es el resultado directo de un proyecto político que se obsesionó con la consolidación de un poder vertical y absoluto, erosionando sistemáticamente los pilares de la democracia representativa mediante la pulverización intencional de los partidos políticos plurales.
Durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, la judicialización de la política y el asedio asfixiaron a las estructuras institucionales tradicionales. En su lugar, el sistema fomentó la proliferación de «agrupaciones de alquiler» y binomios de coyuntura, ensamblados a la rápida para salvar requisitos electorales, pero sin ninguna cohesión doctrinal de fondo. Paralelamente, el masismo se encargó de sofocar, neutralizar y purgar a cualquier liderazgo emergente que osara mostrar autonomía crítica. Se instaló en Bolivia una perniciosa cultura política caudillista donde el poder bajo ninguna circunstancia se comparte, simplemente se ejerce y se impone. Esta profunda orfandad política dejó a la nación con un vacío dramático de estadistas y una carencia absoluta de formación cívica sobre la gobernabilidad colaborativa. Hoy, Paz y Lara son, de alguna manera, rehenes de esa misma cultura de la intolerancia que juraron erradicar.
- El camino de la mediación y el Gran Pacto Nacional
Ante un escenario de bicefalía tóxica que amenaza con paralizar al Estado en su hora económica más crítica, es imperativo mirar más allá de la batalla de los tribunales y los decretos.
La historia contemporánea de Bolivia nos enseña a sangre y fuego que, en momentos de máxima tensión institucional, la intervención de terceros de probada autoridad moral es vital. Ha llegado la hora de que instituciones con peso histórico, comenzando por la Iglesia Católica y los organismos de Derechos Humanos, asuman un rol activo para facilitar una mediación urgente. Se necesita un árbitro legítimo para que el Presidente y el Vicepresidente transiten del orgullo herido a la suprema responsabilidad de Estado.
Pero la pacificación de palacio no será suficiente. De cara a las inminentes elecciones subnacionales de marzo de 2026, Rodrigo Paz debe asimilar una dura realidad política: al carecer de un partido con musculatura territorial hegemónica, gobernar en aislamiento es un suicidio. Su viabilidad institucional depende de construir alianzas y mayorías legislativas sólidas. Esto exige un diálogo frontal, maduro y programático con las principales fuerzas opositoras, tendiendo puentes definitivos con figuras de peso como Samuel Doria Medina, Jorge «Tuto» Quiroga y Manfred Reyes Villa. Tampoco se puede seguir gobernando de espaldas a los liderazgos regionales emergentes; ignorar el peso de los gobernadores, alcaldes y la sociedad civil organizada es el pasaporte más seguro para que la pugna de la plaza Murillo se traduzca en descontento, inestabilidad y bloqueos en todas las provincias del país.
- Una Bolivia exhausta, cansada de la confrontación
El ciudadano boliviano de a pie, aquel que hace malabares para llegar a fin de mes mientras la economía se contrae, tiene una prioridad absoluta e innegociable: estabilidad para trabajar. Tras largos años de asfixia productiva, escasez de divisas y una polarización social que ha fracturado al país, existe un profundo y justificado agotamiento colectivo frente a la confrontación estéril de su clase dirigente. La sociedad civil ya no quiere escuchar de amparos constitucionales ni de recortes de competencias; el boliviano común busca condiciones reales para emprender, asegurar el bienestar de su familia y vivir en paz.
El presidente Rodrigo Paz tiene ante sí la oportunidad histórica de demostrar que es un estadista de talla mayor, un líder capaz de ceder, dialogar y concertar por encima de los agravios. Edmand Lara, por su parte, debe hacer una pausa y entender que su mandato emanado de las urnas fue conferido para coordinar el engranaje del Estado, no para obstruirlo desde su propio seno. Si nuestra clase política no logra articular de forma inminente un Gran Pacto Nacional que aglutine a todas las fuerzas productivas y sociales, la democracia seguirá siendo víctima de sus propios fantasmas. La verdadera paz y la prosperidad económica jamás vendrán impuestas por la firma de un decreto supremo, si no por la voluntad patriótica de construir, de una vez por todas, un país donde el disenso sea el inicio de una gran solución, y no la chispa que encienda una nueva crisis.