Una de las prácticas políticas más antiguas y al mismo tiempo más sensibles y controvertidas es el lobby o cabildeo, entendido como la acción organizada de ciertos grupos de la sociedad para influir en las decisiones de los legisladores, en favor de causas, proyectos o propósitos específicos. En esencia, esta práctica no puede considerarse corrupción, ya que su legitimidad se fundamenta en los derechos de participación en la vida pública, petición, libertad de expresión y representación de los intereses sectoriales ante el Estado.
Lejos de ser un fenómeno marginal, el lobby es un mecanismo habitual de mediación política, capaz de moldear leyes, orientar políticas públicas e incluso influir en la agenda de gobierno. Su utilización forma parte de las estrategias de los organismos internacionales, movimientos sociales, ONGs, sindicatos, instituciones ciudadanas, entre otros.
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En muchos casos, los gestores de intereses no solo presentan demandas; también aportan datos técnicos, evidencia empírica y análisis especializados que permiten a los legisladores tomar decisiones informadas sobre temas complejos. Una gestión eficiente de cabildeo puede mejorar la calidad de las normas, ampliar la representación democrática y visibilizar a grupos que de otro modo carecerían de representación formal.
En los países con fuerte institucionalidad esta práctica no solo está permitida, sino que incluso está regulada. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico registra más de 20 países con normas específicas sobre el cabildeo, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Chile, Francia, Alemania, Italia, Perú y Reino Unido. Junto a Transparencia Internacional, la OCDE ha propuesto estándares mundiales para reglamentar esta actividad, con principios que establecen registros públicos, obligaciones de transparencia y mecanismos de control que permiten conocer quién influye en las decisiones públicas, sobre qué temas y en representación de qué intereses.
Sin embargo, en Estados con democracias debilitadas, el lobby opera en condiciones de opacidad y discrecionalidad: sin registro, sin regulación, y a veces asociado a prácticas de corrupción y soborno. En estos contextos, el cabildeo tiende a amplificar la voz de los más poderosos y a producir políticas que benefician a minorías privilegiadas en detrimento del interés común.
En Bolivia, el lobby es una práctica común en la gestión legislativa, aunque carece de reconocimiento formal y de regulación específica. No hay una ley que lo reconozca, no hay registro de gestores de intereses, y no hay obligación de transparentar reuniones reservadas entre autoridades y privados, pese a que es evidente que algunos sectores y actores de la sociedad civil influyen periódicamente en la redacción, modificación o supresión de normas.
Durante el gobierno del MAS, organizaciones sociales, cooperativas mineras, federaciones de cocaleros, gremiales, interculturales e informales, crearon un sistema de lobby corporativo con acceso directo al Estado, con el que obtuvieron beneficios preferenciales en obras públicas, transferencia de recursos, exenciones tributarias, explotación de recursos y contratos públicos a cambio de apoyo político.
La escasa formación y especialización de los parlamentarios y su desconexión de la realidad del país, sumadas a la poca transparencia de la Asamblea que oculta los proyectos de ley, son factores que facilitan la incidencia informal y dificultan la rendición de cuentas, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y en la legitimidad de las decisiones públicas.
En un contexto de transición política, donde es preciso reconstruir la institucionalidad, la regulación de esta práctica es una condición para la gobernabilidad democrática y la transparencia. Bolivia debe aprobar una ley que defina legalmente el cabildeo, establezca un registro público de gestores de intereses, obligue a transparentar las agendas de funcionarios gubernamentales sobre temas de política pública, y determine sanciones drásticas por incumplimientos.
Es importante también establecer períodos de incompatibilidad para exfuncionarios públicos con prohibición temporal de representar intereses privados ante sus ex instituciones, crear instancias de seguimiento de políticas públicas, fortalecer la rendición de cuentas, publicar los proyectos de ley que ingresen al Legislativo y promover la incorporación de la sociedad al proceso de consulta y diálogo político.
El cabildeo no es, en sí mismo, el problema. El verdadero problema surge cuando esa influencia se ejerce sin transparencia, sin reglas claras y sin mecanismos de rendición de cuentas. Las democracias avanzadas han aprendido que el lobby no puede prohibirse, sino que debe regularse, registrarse, controlarse y someterse al escrutinio público. No se trata de eliminar la incidencia, sino de sacarla de la sombra y someterla a la luz pública. Regular el lobby no es limitar la democracia; es fortalecerla, protegerla y dotarla de mayor legitimidad.
Ronald Nostas Ardaya
Industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia