La semana pasada el Senado aprobó, con algunas modificaciones, el Proyecto de Ley No. 157/2023-2024 que autoriza al INRA la conversión de la clasificación de propiedad pequeña a propiedad mediana a simple petición escrita del dueño del predio. Se trata de un proyecto con un potencial extraordinario que puede revolucionar la producción agrícola en el país. Habrá que esperar a ver los reglamentos, pero esta medida puede llegar a rescatar a miles de pequeños productores y campesinos que permanecían excluidos del capitalismo moderno. Como veremos abajo, al no poder ejercer derecho propietario pleno sobre sus tierras, los productores chicos no podían crecer, desarrollar economías de escala y progresar como empresarios.
Una propiedad pequeña (menos de 500 hectáreas) es, de acuerdo con la Constitución y la legislación agrícola en el país, indivisible e inembargable. Esta estipulación tiene la intención de proteger al pequeño productor y al campesino asegurándose de que este no pueda perder su tierra. Pero como suele pasar con las medidas “buenistas,” las consecuencias no intencionadas terminan perjudicando a quienes se quiere proteger. Al estipular que la propiedad pequeña es inembargable, el Estado le quita al dueño del predio la posibilidad de utilizar plenamente su propiedad privada. En particular, le quita la posibilidad de hipotecar o entregar en garantía su tierra al momento de acceder a crédito financiero. Dado que la propiedad es inembargable por ley, ningún banco acepta una propiedad pequeña como colateral pues no puede ejercer la reversión de esa tierra en caso de no pago. El resultado es que los pequeños productores se quedan sin acceso a financiamiento (o tienen que pagar tasas de interés exorbitantes que compensen el riesgo que suponen) y entonces no pueden adquirir capital (maquinaria, tractores, semillas, etc.) y desarrollar su empresa. En resumen, que su tierra haya sido clasificada como propiedad pequeña los excluye del capitalismo moderno y los condena a la subsistencia familiar.
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La propiedad mediana (500 a 2.500 hectáreas), en cambio, es embargable y, por lo tanto, puede ser usada como colateral al momento de acceder a crédito. Esto hace que los productores medianos puedan insertarse en el mercado de capital y acceder al ahorro generado por el resto de la economía. La embargabilidad de sus tierras los inserta, por lo tanto, en el capitalismo moderno. De esta forma, que los productores chicos puedan “autopercibirse” ahora como medianos revoluciona la industria agrícola en el país.
Ojo que la clasificación de propiedad mediana tampoco está exenta de medidas estatistas que la perjudican. La peor es aquella que norma que estos predios deben cumplir una “función económica-social” que está definida de manera muy vaga como una función que vaya en “beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario” (Ley INRA, Artículo 2). Los políticos de turno pueden decidir arbitrariamente, entonces, qué es la FES (¿cómo se define si algo es de interés colectivo?), cómo se la mide y si el predio la cumple. Claramente, esta es una fuerte restricción sobre el uso de la propiedad privada que genera incertidumbre y destruye la seguridad jurídica.
La buena noticia es que, con la Ley No. 157/2023-2024, la FES quedará cada vez más en entredicho y probablemente veremos una resistencia fuerte y unificada en el sector agrícola contra su aplicación. En el pasado, los productores chicos tenían incentivos a defenderla porque no les tocaba a ellos y esperaban que los medianos no la cumplan para que así esas tierras sean revertidas y ellos puedan, a través de presiones políticas, repartirse el botín. Pero con miles de productores chicos reconvertidos a medianos, la resistencia a la FES crecerá significativamente en número y fuerza.
De acuerdo con COPROFAM, en Bolivia tenemos casi 900.000 unidades productivas agropecuarias, de las cuales la gran mayoría, el 92% (alrededor de 800.000), corresponde a productores familiares o chicos. De acuerdo con la Fundación Tierra, existen unos 104.000 predios chicos que suman 3.5 millones de hectáreas. Este proyecto de ley tiene el potencial de insertar toda esta actividad agrícola al mercado de capital.
El precio de una hectárea agrícola en Bolivia tiene alta varianza, pero pongámosle un valor promedio conservador de USD 2.500. Asumamos también un porcentaje conservador de crédito (loan-to-value) de 75% del valor del colateral. Supongamos, además, que la tierra no tiene nada instalado o construido que aumente su valor (estructuras de riego, fábricas, establos, etc.). Con estos números, las 3.5 millones de hectáreas en predios chicos tienen el potencial de generar como colateral la friolera suma de ¡USD 6.562 millones en crédito productivo! Este monto equivale a tres veces la subvención que se hacía a los hidrocarburos o a más del doble del total del nuevo crédito con la CAF. ¡Es un montón de plata!
Pero hay, además, una diferencia cualitativa con el crédito de la CAF, o con uno que llegue del BID o del Banco Mundial. Y es que este crédito iría directamente al productor (que sabe qué hacer con la plata y tiene incentivos a generar ganancias porque, si no, pierde su tierra) y no a los políticos (que no saben qué hacer con ella y no tienen incentivos a generar ganancias porque serán otros políticos los que tengan que pagar la deuda).
El tamaño sí importa y muchísimo. Pasar de propiedad pequeña a propiedad mediana inserta a miles de productores chicos y campesinos al capitalismo moderno, sacando del oscurantismo y el atraso al 92% de las unidades productivas agropecuarias. Estos son los cambios profundos que el país espera.
Los créditos productivos generarán producción, incrementarán el valor de la tierra y se generará un ciclo virtuoso de crecimiento y rápido desarrollo en el sector. Hay muchas otras políticas que deben acompañar este proceso, como, por ejemplo, la liberación completa de las exportaciones eliminando los cupos, pero este es un paso fundamental. Felicidades al Senado y a sus impulsores. Recuerde, no hay secretos ni planificación ni fórmulas mágicas para el desarrollo, se trata siempre de libertad y uso pleno de la propiedad privada.
Antonio Saravia es PhD en economía