El Gobierno puso en marcha una estrategia económica de doble vía tras la promulgación de tres nuevos decretos supremos. Mientras los DS 5547 y 5548 operan como un plan inmediato contra la inflación y el desabastecimiento, el DS 5549 proyecta una reforma estructural destinada a modernizar y garantizar la sostenibilidad de la matriz eléctrica nacional.
Fuente: El Diario
Para el economista Fernando Romero, mediante el Decreto Supremo Nro. 5547, el Gobierno estableció un gravamen del 0% para la compra externa de grano, una medida estratégica de política agroindustrial que busca reducir costos operativos, garantizar el suministro de subproductos como aceites y harinas, y blindar la seguridad alimentaria.
La eficiencia en el manejo de materias primas −dijo− se ha vuelto vital para estabilizar la producción de derivados y eliminar los bloqueos en el suministro de alimentos. Sin embargo, explicó que este impulso hacia la competitividad industrial y exportadora corre el peligro de mantener las restricciones actuales, el sector advierte un desincentivo en la siembra nacional que obligaría a depender de las importaciones, vulnerando la seguridad alimentaria del país.
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Este escenario proyecta un balance negativo para las arcas estatales, debido al impacto directo en la recaudación arancelaria y la merma en el dinamismo económico derivado de la cadena productiva.
Según el economista, el Gobierno ha implementado una medida de emergencia de corto plazo para frenar la inflación y garantizar el abastecimiento; sin embargo, el sector agrícola califica la iniciativa como un simple “parche” superficial. Aunque la estrategia logra mitigar los precios de forma inmediata, los expertos advierten que es insuficiente, ya que ignora los problemas estructurales del campo. Indicó que sin inversión en tecnología ni mejoras logísticas, la baja productividad persiste como el verdadero cuello de botella que las reformas aún no logran resolver.
Mediante el Decreto Supremo N° 5548, el Gobierno boliviano autorizó de forma excepcional a YPFB y a las refinerías privadas la importación de petróleo crudo. Esta maniobra estratégica busca saturar la capacidad instalada de la infraestructura nacional y garantizar el abastecimiento interno frente a la inestabilidad externa.
De acuerdo con Romero, la normativa establece un esquema de costo real: se elimina temporalmente el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) para facilitar la operación, pero se descarta tajantemente cualquier subvención estatal. Con ello, el Ejecutivo apuesta por optimizar la red de ductos y el rendimiento refinador, blindando la continuidad del servicio sin comprometer el erario público.
Esta eficiencia operativa −dijo− tiene como objetivo final aliviar la presión sobre la importación de derivados, reduciendo la dependencia de productos terminados extranjeros y fortaleciendo la balanza comercial del sector.
La actual política energética no solo profundiza la dependencia externa de hidrocarburos, sino que erosiona la estabilidad económica al mermar los ingresos fiscales por IEHD. Ante este escenario, el Gobierno ha optado por medidas de emergencia diseñadas para mitigar el desabastecimiento y blindar al sector productivo frente a shocks inflacionarios inmediatos.
En opinión de Romero, estas disposiciones —netamente coyunturales— no constituyen una solución estructural; por el contrario, postergan la sostenibilidad del país al carecer de incentivos reales que reactiven la exploración y producción nacional.
Entretanto, señaló que el Decreto Supremo Nro. 5549 marca un punto de inflexión en la política energética del país al elevar el techo de producción a 6 MW y agilizar la inyección de excedentes a la red nacional. Esta apuesta por la descentralización busca, en teoría, aliviar la presión sobre el sistema interconectado y atraer la inversión privada como motor de una matriz más limpia y resiliente.
Sin embargo, puntualizó que el optimismo oficial choca con la realidad técnica. El experto advierte que una gestión deficiente de las retribuciones podría generar subsidios cruzados y disparar los costos operativos para las distribuidoras. El riesgo es latente: consolidar un modelo diseñado para grandes capitales que, lejos de democratizar la energía, termine profundizando la brecha de acceso y dejando atrás a los pequeños usuarios.
Fuente: El Diario