Solo representa 15,6 millones de hectáreas del total rural saneado, este bloque empresarial y mediano alberga los predios más productivos de Santa Cruz, donde avasallamientos y conflictos evidencian vacíos institucionales
Por Ernesto Estremadoiro Flores
Fuente: El Deber
En los últimos cinco años, la disputa por la tenencia de la tierra en Santa Cruz se ha teñido de sangre. Jorge Luis Pérez Ortiz (25 años) y Franklin Delgadillo Cárdenas (22) fueron víctimas de un conflicto que se ha agudizado, pese a que el saneamiento de tierras registra más del 90% de avance. No importa de qué bando sean: una vida humana vale más que millones de hectáreas en litigio.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Lo más llamativo es que el conflicto se produce en espacios que, paradójicamente, corresponden a predios con posesión empresarial y en áreas asignadas a territorios indígenas.
Algunos propietarios o comunicades han intentado regularizar su situación durante años, pero, según denuncias del sector productivo, muchos procesos de saneamiento se han extendido hasta por 20 años. Un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 2025 permite trazar, con claridad estadística, quiénes son los dueños de la tierra en Bolivia.
Distribución
En total, Bolivia cuenta con 109,8 millones de hectáreas, de las cuales 103,2 millones corresponden a superficie rural objeto de saneamiento agrario. De ese total, el 94% del territorio rural ya fue saneado y titulado, lo que equivale a 96,5 millones de hectáreas con seguridad jurídica, mientras que el 6%, cerca de 6,6 millones de hectáreas, permanece pendiente de regularización.
En este contexto, el sector empresarial y mediano concentra 15,6 millones de hectáreas de tierra en Bolivia, lo que representa el 16% del territorio rural saneado del país, según datos oficiales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Aunque no es el mayor propietario en términos de superficie, este bloque constituye uno de los actores más influyentes del modelo agrario nacional por su capacidad de concentración productiva, control de cadenas agroindustriales, mecanización, acceso a financiamiento y orientación exportadora, especialmente en regiones del Oriente boliviano y el Chaco, donde predominan grandes extensiones continuas de tierra bajo propiedad privada empresarial.
La distribución oficial de la tierra saneada muestra que las tierras fiscales del Estado, tanto disponibles como no disponibles, suman 27,8 millones de hectáreas, lo que representa el 29% del territorio rural. A este bloque le siguen los Territorios Comunitarios de Origen y Territorios Indígena Originario Campesinos (TCO/TIOC), que concentran 26 millones de hectáreas, equivalentes al 27% del territorio rural, consolidando a los pueblos indígenas como uno de los principales propietarios territoriales del país.
La propiedad comunitaria campesina alcanza 17,5 millones de hectáreas, que representan el 18% del territorio rural, mientras que la propiedad empresarial y mediana concentra 15,6 millones de hectáreas, equivalentes al 16%. En tanto, la pequeña propiedad individual suma 9,7 millones de hectáreas, lo que representa el 10% de la superficie rural saneada, configurando un mapa agrario en el que más del 70% de la tierra está en manos del Estado, pueblos indígenas y formas de propiedad colectiva, que en su mayoría apoyaron la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Las más cotizadas
La forma en que se presenta la distribución de la tierra en Bolivia suele generar lecturas erróneas y alimentar el conflicto agrario. Para el economista y especialista en temas agrarios Gonzalo Colque, uno de los principales problemas es que los datos oficiales se interpretan sin considerar la vocación productiva ni el uso permitido del suelo, lo que distorsiona el debate público sobre quiénes concentran la tierra y quiénes resultan beneficiados.
“Es un error técnico comparar distintos tipos de propiedad solo por su tamaño”, explicó Colque. Señaló que no todas las tierras tienen el mismo valor económico ni la misma capacidad productiva. Como ejemplo mencionó las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), entre ellas la TCO Guarayos, que supera el millón de hectáreas, pero que en su mayor parte corresponde a áreas boscosas no aptas para agricultura mecanizada y que cumplen, además, un rol de conservación ambiental.
En contraste, las tierras ubicadas en zonas productivas como el Norte Integrado de Santa Cruz, cercanas a centros urbanos y con acceso a infraestructura, tienen un valor de mercado muy superior,} en su mayoría están en manos de empresas privadas. “No vale lo mismo 50 hectáreas en el norte integrado que 50 hectáreas en la Chiquitania”, subrayó el especialista, al remarcar que las restricciones ambientales y los planes de ordenamiento territorial condicionan el uso del suelo.
Según Colque, las áreas donde se concentran los mayores conflictos y avasallamientos son aquellas que ya están en producción o forman parte de la expansión de la frontera agrícola.
En muchos casos, el valor de estos predios se incrementa de forma acelerada debido a cambios en los planes de ordenamiento predial y a autorizaciones de desmonte y uso intensivo otorgadas por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
“Cuando se modifican esos planes, el precio de la tierra puede multiplicarse por dos, tres o incluso cinco veces”, explicó.
Este escenario convirtió a estas zonas en focos de disputa, donde convergen intereses económicos, presiones políticas y vacíos institucionales. Advirtió que esta combinación alimenta una narrativa de confrontación entre sectores empresariales y campesinos, cuando en realidad —afirmó— en ambos lados existen actores que cumplen la ley y otros que incurren en prácticas ilegales.
Colque advirtió que los conflictos se explican por la proliferación de asentamientos irregulares en zonas como Guarayos y la carretera a Trinidad, donde se crearon supuestas comunidades campesinas que solo existían en documentos.
Mencionó el caso de Las Londras como un ejemplo clave: una de las pocas áreas fiscales que quedó sin sanear en una región altamente productiva, lo que la convirtió en blanco de avasallamientos. Aclaró además que más del 90% de la tierra en Santa Cruz ya está saneada y que los conflictos actuales se concentran en tierras fiscales no adjudicadas o en ingresos ilegales a predios ya titulados, sin sustento legal.
Avasallamiento cero
El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, afirmó que el Gobierno aplicará una política de “cero tolerancia al avasallamiento” y anunció una auditoría integral al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para identificar predios ocupados ilegalmente, responsabilidades administrativas y posibles redes de tráfico de tierras.
“Restituir el Estado de Derecho significa cumplir la ley. Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. El avasallamiento es un delito y tiene que ser sancionado”, sostuvo la autoridad.
Vaca Diez señaló que una de las primeras tareas será recuperar la institucionalidad del INRA, institución que —según afirmó— en los últimos años dejó de cumplir su rol técnico para convertirse en un instrumento político. “El INRA tiene que volver a ser un aparato técnico para el saneamiento de tierras y dejar de ser un botín político”, afirmó.
Anunció que se realizará una auditoría forense, legal y administrativa, cuyos resultados serán públicos. En caso de detectarse actos de corrupción o ilegalidad, el Viceministerio de Tierras presentará querellas contra los funcionarios responsables y coadyuvará en las investigaciones.
“La gente denunciaba avasallamientos, pero quienes retardaban la justicia eran el propio Ministerio de Tierras y el INRA. Eso se acabó”, aseguró.
El viceministro dijo que hay mandamientos de aprehensión vigentes que no fueron ejecutados en anteriores gestiones y pidió al Ministerio Público y a la Policía actuar conforme a la norma.
Caso Las Londras
La autoridad calificó a Las Londras como un caso emblemático de avasallamiento e impunidad. Explicó que el predio se encontraba en proceso de saneamiento cuando fue ocupado ilegalmente, tras filtraciones de información desde el propio INRA, que —según denunció— habría proporcionado planos y coordenadas a los avasalladores.
“Entraban con información técnica. El INRA era cómplice de mafias dedicadas al tráfico de tierras”, afirmó.
El asesor legal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga, consideró positivo el inicio de operativos para recuperar predios avasallados, pero advirtió que los desalojos por sí solos no resolverán el problema.
Asturizaga recordó que, según datos del INRA, en los últimos 20 años más de 300 predios fueron avasallados, pero no se ejecutaron ni 30 desalojos, lo que implica que más del 95% de las tomas ilegales siguen consolidadas. Afirmó que esta situación no solo afecta a Santa Cruz, aunque es el departamento más golpeado, sino que se repite en La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Beni.
El asesor de Anapo recordó que ya en 2011 un exdirector nacional del INRA había advertido la existencia de un “INRA paralelo”, con acceso a información técnica sensible que era utilizada para planificar avasallamientos. A su juicio, ese esquema debe ser investigado y desarticulado.
Por ello, planteó una auditoría técnica, legal y financiera a la gestión del INRA de las últimas dos décadas, especialmente en Santa Cruz, donde se dotaron más de 1,4 millones de hectáreas a más de 1.000 comunidades.
La disputa por la tierra dejó de ser un problema administrativo para convertirse en un conflicto violento. Las cifras no alcanzan para explicar una realidad en la que la tierra se volvió un botín que cobró vidas humanas.
Cifras
27,8 millones de hectáreas. Saneadas por el INRA son tierra fiscal, que son administradas por el Estado boliviano.
26 millones de hectáreas. En todo el país están en manos de los Territorios Comunitarios de Origen y TIOC (pueblos indígenas).
Para saber
Norma. Pese a la Ley 477 contra el avasallamiento y tráfico de tierras, no se ha documentado un solo encarcelamiento penal por estos delitos en el país. Productores y sectores del agro piden cumplimiento efectivo de la normativa y cárcel para invasores, no solo medidas administrativas.
Impacto. La inseguridad sobre la tierra impacta la producción de alimentos y la inversión, afectando la soberanía alimentaria. La conflictividad territorial está asociada a la escasez de tierra productiva.
Fuente: El Deber