Para Córdova, la discusión debe centrarse en la coherencia normativa: si una cooperativa desea captar inversión privada, contratar personal y operar con lógica empresarial, debe asumir también obligaciones empresariales
Fuente: ANF
La posibilidad de que las cooperativas mineras puedan establecer acuerdos con capitales privados e internacionales ha generado cuestionamientos sobre su régimen legal y tributario. Aunque hasta el momento no se han concretado asociaciones de manera formal de ese tipo, analistas advierten que, de abrirse esa puerta sin modificar su estatus jurídico, el Estado podría consolidar un esquema de privilegios fiscales difícil de justificar.
El analista en temas mineros, Héctor Córdova, aclaró que no se opone a la inversión privada en el sector aurífero cooperativista. Sin embargo, subrayó que cualquier eventual asociación debe estar condicionada a un cambio de figura legal. “Si quieren asociarse con privados, que lo hagan como empresa, no como cooperativa”, sostuvo en contacto con ANF.
Córdova recordó que el artículo 151 de la Ley 535 prohíbe explícitamente que las cooperativas se asocien con empresas o capitales privados mientras mantengan su estatus. La razón, explicó, es que bajo el régimen cooperativista el sector accede a beneficios tributarios específicos, como el no pago de impuesto a las utilidades y regalías reducidas.
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En ese marco, el analista consideró que permitir eventuales alianzas con capital privado y extranjero sin modificar ese régimen sería mantener un “disfraz” legal. Señaló que muchas cooperativas auríferas ya no responden al perfil de pequeños productores para el cual fue concebida la figura, sino que manejan volúmenes económicos significativos.
Según sus estimaciones, la actividad genera alrededor de 8.000 millones de dólares anuales, mientras el aporte al Estado se sitúa en torno a 150 millones.
Para Córdova, la discusión debe centrarse en la coherencia normativa: si una cooperativa desea captar inversión privada, contratar personal y operar con lógica empresarial, debe asumir también obligaciones empresariales. Esto implica, en su planteamiento, el pago pleno de impuestos y una regalía del 7%.
“No se trata de prohibir la inversión, sino de evitar que se mantengan privilegios tributarios bajo una figura que ya no corresponde a la realidad económica”, afirmó.
El analista económico Martín Moreira coincidió en que el tema es delicado, aun cuando las asociaciones no se hayan materializado. Calificó como “muy grave” que se haya abierto la posibilidad legal de que cooperativas negocien con capitales internacionales sin un debate amplio y transparente.
A su juicio, la preocupación no radica en acuerdos concretos —que aún no existen—, sino en las condiciones que podrían establecerse. Moreira advirtió que, si no se revisa el régimen tributario y de fiscalización, la eventual llegada de capital extranjero podría facilitar la salida de oro boliviano bajo esquemas poco claros para la opinión pública.
“El problema es la asimetría”, señaló a ANF. Explicó que, si una cooperativa mantiene beneficios como la tasa cero de IVA o un tratamiento diferenciado en regalías, pero opera asociada a grandes capitales, se generaría una competencia desigual frente a empresas formales que sí tributan plenamente.
El debate se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos al sector cooperativista. Diversos actores han criticado su bajo aporte fiscal en relación con el volumen de producción, así como los privilegios tributarios que históricamente ha mantenido. También existen observaciones sobre impactos ambientales, especialmente por el uso de mercurio en la minería aurífera, y sobre la expansión hacia áreas sensibles.
A ello se suman tensiones con sindicatos de trabajadores asalariados y cuestionamientos sobre condiciones laborales e informalidad en algunas operaciones. Para Moreira, la eventual apertura a capitales privados debería ir acompañada de mecanismos estrictos de fiscalización y transparencia para evitar que la riqueza mineral se gestione en beneficio de grupos específicos.
En ese sentido, ambos analistas convergen en que el debate debe anticiparse a los hechos. Antes de que se concreten asociaciones, sostienen, el Estado debería definir reglas claras que impidan que una figura pensada para pequeños productores termine siendo utilizada para operaciones de gran escala con capitales privados o extranjeros.
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