La crisis de la gasolina que dañó motores en Bolivia no es solo un problema técnico. Es, sobre todo, un problema político y comunicacional.
Las autoridades reaccionaron con una cascada de declaraciones dispersas, contradictorias y superficiales, que lejos de tranquilizar a la población, profundizaron la incertidumbre. En los últimos días, volvieron las colas a los surtidores y la gente desconcertada especulaba sobre las causas.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, aseguró que el Gobierno activará un seguro solidario para cubrir los daños y exhortó a la población a cargar combustible “con tranquilidad”, señalando que “la gasolina actual no va a dañar los motores”. Sin embargo, la misma autoridad admitió que en gestiones anteriores también hubo daños, pero “la gente no reclamaba”, relativizando un problema que hoy afecta directamente a miles de ciudadanos.
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El presidente de YPFB, Youssef Akly, inicialmente declaró que no estaba claro el origen del daño y que no se podía atribuir responsabilidad directa, señalando que no había una definición puntual sobre resarcimiento mientras se realizaban investigaciones internas. Días después, voceros de la estatal petrolera confirmaron que sí habría compensación económica a los afectados, previa verificación técnica.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y YPFB anunciaron procedimientos, formularios, talleres de verificación y pólizas de seguro. Todo muy técnico, muy burocrático, pero políticamente insuficiente.
Mientras tanto, el propio Gobierno admitió que se distribuyó gasolina de mala calidad por residuos en tanques de almacenamiento, contradiciendo certificaciones previas que aseguraban la calidad del producto. En pocos días, se ofrecieron hasta cuatro versiones distintas del problema.
En comunicación política, una crisis exige claridad, coherencia y liderazgo. Lamentablemente en este caso, no observamos rigurosidad en la estrategia de manejo de crisis.
Se pasó de negar el problema a admitirlo; de minimizarlo a ofrecer seguros; de culpar al pasado a prometer soluciones. La narrativa fue fragmentada, defensiva y tecnocrática.
Las autoridades hablaron de pólizas, formularios y talleres, pero no hablaron con claridad sobre responsabilidades, auditorías, reformas estructurales o garantías de que esto no volverá a ocurrir.
La ciudadanía no solo quiere que le reparen el motor. Quiere saber quién falló, por qué falló y qué cambiará para que no vuelva a pasar.
El seguro presentado como solución central es un parche administrativo. No es una política pública de calidad de combustibles. No es una reforma del sistema de control. No es una auditoría independiente de la cadena logística.
En términos comunicacionales, el seguro se percibe como un intento de apagar el incendio sin explicar por qué se produjo el fuego.
El vacío comunicacional fue llenado por mecánicos, transportistas, rumores y redes sociales.
En política, los seguros reparan motores, la comunicación repara confianza.
Jaime Navarro Tardío
Político y exdiputado nacional.