Gary Prado afirma que, pese a mayor independencia judicial tras el cambio de gobierno, en ministerios y entidades públicas siguen actuando abogados del MAS con la misma línea contra exautoridades. Denuncia manipulación, presión y procesos políticos aún vigentes.
Gary Prado dice que la justicia no ha cambiado/Órgano judicial
Fuente: Brújula Digital
El abogado de derechos humanos Gary Prado aseguró que, aunque se perciben “nuevos aires de justicia” tras el cambio de gobierno, en ministerios y entidades públicas continúan actuando los mismos abogados vinculados al masismo, quienes, según afirmó, mantienen la misma orientación en los procesos contra exautoridades.
En declaraciones a Brújula Digital, Prado sostuvo que, si bien en el ámbito judicial se advierten cambios, el problema radica en el rol de los acusadores particulares que representan a instituciones del Estado como ministerios, la Procuraduría y la Contraloría.
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“Se mantiene la independencia judicial, por lo menos así lo percibo en los procesos que llevo y los que conozco de consultar con colegas en La Paz, esencialmente. Pero lo que no ha cambiado es el rol de los acusadores particulares: en la administración pública siguen actuando los mismos abogados del masismo, llevando las causas con la misma orientación y ‘perversidad’ con que lo hicieron”, afirmó.
Nuevos aires en la justicia
Consultado sobre cómo ha variado la situación de los perseguidos políticos con el cambio de gobierno, Prado señaló que ya en las postrimerías de la administración de Luis Arce se comenzó a percibir un giro. El abogado ha defendido y logrado la liberación de decenas de acusados durante los gobiernos del MAS.
Según explicó, el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia envió un mensaje “contundente” a los administradores de justicia, garantizando respeto a sus decisiones judiciales. A su juicio, ello contribuyó a generar un clima de mayor autonomía en los juzgados.
Como ejemplo de este nuevo momento, mencionó las liberaciones de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en agosto pasado, y posteriormente la de la exmandataria Jeanine Áñez.
“Ya con la administración del presidente Paz Pereira, la situación parece mejorar un poco, pero sólo un poco”, matizó.
El abogado, en una entrevista anterior, señaló que siguen habiendo en el país un centenar de detenidos por causas políticas, además de cientos de exiliados, acusados también por el MAS.
Persistencia de la misma línea argumental
El abogado cuestionó que los representantes legales de ministerios y otras entidades continúan sosteniendo la narrativa del “golpe” y atribuyendo a exautoridades responsabilidades por supuestos actos de corrupción y por la crisis económica posterior.
“(Esos abogados) manipulan hechos, presionan al Ministerio Público y sostienen que hubo golpe, que los funcionarios y servidores del gobierno Añez fueron corruptos, que la debacle económica del gobierno de Arce se debe al gobierno del golpe de Estado y otras lindezas argumentales de ese calibre”, señaló.
Añadió que, incluso en el ámbito internacional, se mantiene la misma línea discursiva. Según dijo, los memoriales que la Procuraduría envía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conservan la misma lógica y argumentación que en la etapa anterior.
A su juicio, ello demuestra que, pese al cambio en el Ejecutivo y a ciertos gestos de mayor independencia en el Órgano Judicial, en la estructura de representación legal del Estado no se han producido modificaciones sustanciales.
El “país de los interinatos”
Prado también se refirió a la reciente designación de una contralora interina, quien anteriormente se desempeñó como subcontralora y ha sido vinculada al MAS y acusada de perseguir a exautoridades.
En ese contexto, evocó la expresión de un columnista que habló del “país de los interinatos”, en alusión a la práctica de designar autoridades sin cumplir plenamente los procedimientos constitucionales.
“Evo Morales no designó como manda la Constitución a los altos cargos de entidades y empresas públicas. Lo mismo está ocurriendo ahora, con el agravante de que, en el ámbito de la justicia y la fiscalización, eso afecta la vida de personas a las que se les abrieron procesos penales inventados y con intencionalidad política y de revancha”, afirmó.
Prado consideró que la permanencia de autoridades interinas en instituciones clave debilita la institucionalidad y genera incertidumbre jurídica, particularmente en áreas sensibles como la justicia y el control gubernamental.
“Ya debería estar actuando en la designación de autoridades y presidentes de entidades como manda la norma, asegurando la funcionalidad de estas instituciones y devolviendo la garantía de institucionalidad a los ciudadanos. Están a tiempo”, concluyó.
BD/RPU