Se verificó al menos seis casos de altos funcionarios de la era del MAS —Evo Morales y Luis Arce—, en puestos de decisión como direcciones y viceministerios. Certificados de embarazo y otros alegatos impiden cambios, alegan desde el Ejecutivo.
Por Yolanda Mamani Cayo
Fuente: eldeber.com.bo
La administración del presidente Rodrigo Paz continúa trabajando con una significativa cantidad de funcionarios que desempeñaron funciones durante casi dos décadas en gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Varios de ellos ocupan cargos jerárquicos, incluidos viceministerios y direcciones nacionales.
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El tema ha generado observaciones desde sectores ciudadanos y legisladores de oposición, mientras decenas de funcionarios presentaron alegatos legales para mantenerse en los cargos, tales como estado de gravidez o estar al cuidado de personas con discapacidad.
Por eso, el Ejecutivo no ha negado esta situación. Por el contrario, ha reconocido que en cargos de decisión permanecen funcionarios que formaron parte del gobierno de Luis Arce, una gestión que el propio jefe de Estado descalificó por sus resultados negativos.
Los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, explicaron que la permanencia de estos funcionarios responde a una serie de “trabas” normativas y “camisas de fuerza” administrativas que dificultan su desvinculación inmediata. Ambos aseguraron que los cambios se realizarán de manera progresiva.
Desde la Asamblea Legislativa también surgieron cuestionamientos. La senadora María Elena Pachacute (Libre) criticó que la actual administración mantenga en funciones a servidores públicos de la era del MAS, muchos de ellos con sueldos elevados y beneficios consolidados, mientras —según afirmó— no se abre espacio a jóvenes profesionales.
“De los 15 ministerios que tiene el Gobierno de Rodrigo Paz, si hacemos cuentas, yo le aseguro que el 95% son funcionarios de la gestión de Luis Arce y de Evo Morales”, declaró la legisladora paceña a EL DEBER.
El exlegislador y diplomático de carrera Fernando Mesmer también se pronunció en redes sociales con críticas dirigidas al canciller Aramayo. “El canciller Aramayo ha convertido la histórica casona de la diplomacia boliviana en refugio de connotados masistas. ¡Increíble!”, publicó. El jefe de la diplomacia declaró que todos los cambios se van a realizar en el contexto del respeto a la institucionalidad, aunque reconoció la carencia de recursos económicos para remover la planilla del servicio exterior.
Casos señalados
Entre los ejemplos mencionados figura la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que tras la salida de Margot Ayala —exfuncionaria del gobierno del MAS— quedó a cargo de Freddy Zenteno, quien se desempeñaba como asesor de Ayala y también trabajó en la anterior gestión. La designación fue cuestionada por transportistas y legisladores. En el Servicio General de Identificación Personal (Segip), su actual director, Juan Diego Tejerina Morato, ejerció como director General de Asuntos Consulares en la Cancillería durante la gestión de Celinda Sosa (presidencia de Arce).
Asimismo, el exprocurador general del Estado, Sydney Edson Morales —quien reemplazó a César Siles cuando este asumió como ministro de Justicia en el gobierno de Luis Arce— actualmente cumple funciones en el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
También se menciona el caso de Carla Cornejo Fernández, esposa del exministro de Justicia César Siles, quien figura como funcionaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desde el 28 de enero de este año, según su declaración jurada registrada en la Contraloría y que está disponible para consulta pública.
En el área energética, el viceministro de Planificación y Desarrollo Energético, Alex Veizaga Pérez, fue alto funcionario de una de las gerencias de YPFB durante la administración de Arce. Por su parte, la actual viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría —posesionada en enero por el ministro Lupo— fue diputada suplente por la Alianza Plan Progreso para Bolivia y posteriormente se incorporó al MAS en 2014. Eso sí, ella negó vinculación política con el masismo.
Lupo admitió que en distintas carteras del Estado permanecen funcionarios vinculados al MAS, incluso en puestos de decisión, aunque aseguró que serán reemplazados de forma paulatina. Argumentó que la normativa vigente limita la posibilidad de despidos inmediatos. Hay muchas trabas y camisas de fuerza que nos han dejado y que iremos removiendo”.
“Hay una epidemia de certificados de inamovilidad; de pronto todos tienen dependientes, son tutores de personas con discapacidad o presentan embarazos”, afirmó a su turno el canciller.