El Consejo de la Magistratura emitirá un pronunciamiento oficial y definirá las acciones administrativas y legales que correspondan, luego de que concluya el informe técnico.
Fuente: eldeber.com.bo
El Consejo de la Magistratura intervino este miércoles el juzgado del municipio de Pailón, a cargo de la juez Mary Janet Mojica, tras detectar al menos 62 acciones de amparo constitucional presuntamente ilegales interpuestas contra la Aduana Nacional, en un caso que apunta a posibles irregularidades jurisdiccionales y hechos de corrupción dentro de esa instancia judicial.
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La intervención se realizó luego de denuncias verbales y formales presentadas por abogados de la Aduana, quienes alertaron que dicho juzgado estaría emitiendo resoluciones para la devolución de mercadería incautada, pese a no contar con competencia territorial ni material para conocer ese tipo de acciones constitucionales.
Durante la revisión preliminar, personal del Consejo de la Magistratura verificó que el 99% de los amparos constitucionales ingresados en ese despacho judicial estaban dirigidos contra la Aduana Nacional. De acuerdo con una fuente que participó en la intervención, en varios casos los accionantes habrían acreditado domicilios ficticios en Pailón mediante carnets obtenidos días antes, con el objetivo de forzar la competencia del juzgado.
“Si ustedes revisan el libro de ingresos de amparos constitucionales del juzgado de Pailón, el 99% son contra la Aduana. Se inventan carnets: el que plantea el amparo presenta un documento obtenido días antes y declara domicilio en Pailón”, reveló a EL DEBER una fuente presente en la intervención.
Según la información preliminar, el juzgado intervenido no tendría competencia jurisdiccional para conocer ni resolver los amparos observados, lo que podría constituir una vulneración a las normas procesales y afectar directamente los controles aduaneros y la lucha contra el contrabando.
El Consejo de la Magistratura investiga ahora si existieron actuaciones irregulares en la tramitación y resolución de estos recursos, así como posibles responsabilidades disciplinarias de la autoridad judicial involucrada. También se analiza si las decisiones adoptadas derivaron en la liberación indebida de mercadería decomisada.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento público de la jueza señalada. No obstante, fuentes institucionales confirmaron que el informe técnico se encuentra en su fase final, tras lo cual el Consejo de la Magistratura emitirá un pronunciamiento oficial y definirá las acciones administrativas y legales que correspondan.
El caso ha generado preocupación en instancias judiciales y administrativas, al poner nuevamente en debate el uso irregular de acciones constitucionales para frenar operativos estatales y burlar controles aduaneros mediante fallos emitidos fuera del marco legal.