Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
En los próximos meses el gobierno nacional enviará a la Asamblea Legislativa los Proyectos de Ley de Hidrocarburos, Minería, Energía, Inversión y Litio. Estas propuestas forman parte de su Plan de Desarrollo que, a su vez, parte de tres certezas: i) la disponibilidad de estos recursos en Bolivia es significativa; ii) la demanda internacional es creciente y; iii) nuestra economía seguirá siendo extractiva. De ahí que el eje transversal de las normas será la generación de condiciones atractivas para la llegada de capitales externos que precisan –en estas áreas—de seguridad jurídica, estabilidad social y carga fiscal competitiva.
Las premisas son correctas
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Bolivia posee 23 millones de toneladas de litio, una de las reservas más grandes del mundo; un potencial gasífero de 136 trillones de pies cúbicos de gas, según la consultora internacional Beicip Franlab (2019); la mayor reserva de hierro del planeta, con más de 40.000 millones de toneladas; ingentes depósitos de plata, zinc, estaño, plomo e incluso oro; y cantidades significativas de los 17 minerales críticos y tierras raras que hoy se disputan las potencias globales.
En cuanto al interés por estos recursos, según la CEPAL, entre 2024 y 2025 se contabilizaron proyectos de inversión minera de 230.000 millones de dólares en Latinoamérica, de estos un 42% corresponde a minerales críticos, y la inversión en hidrocarburos, litio y tierras raras continúan creciendo.
Respecto al modelo de desarrollo, es evidente que la caída de la inversión pública y la insuficiente inversión privada nacional disminuyen las posibilidades que de que, en el corto plazo, podamos encarar un proceso serio, sostenido y masivo de industrialización de nuestros recursos naturales. Por otra parte, aunque los inversionistas extranjeros anuncien intenciones de desarrollar proyectos extractivos con valor agregado, su interés se centrará en la explotación y exportación directa especialmente de minerales, litio y tierras raras, ya que su industrialización implicaría, entre otros, la instalación de plantas con tecnología moderna, riesgos de conflictividad y problemas logísticos.
Las barreras invisibles
Sin duda que la promulgación de las leyes anunciadas incrementará las posibilidades de Inversión Extranjera Directa, especialmente si consideramos que en 2024 Bolivia apenas captó 247 millones –el 0,1% del total regional– y que ingresamos paulatinamente a una etapa de estabilidad económica y social. Sin embargo, es evidente que un cambio en la redacción de la normativa específica es la menor de las barreras.
Asumiendo que la Asamblea Legislativa sancione las leyes sin alterar sustancialmente su contenido, y que se logren acuerdos sólidos con las regiones productoras y los sectores involucrados, también será necesario ajustar normas sobre la consulta previa y la política medioambiental, referida sobre todo a las áreas protegidas.
La consulta previa, establecida en el Convenio 169 de la OIT, en los Arts. 30, 352 y 403 de la Constitución Política y en las Leyes 1257 y 3897, establece que el Estado debe obtener el «consentimiento libre, previo e informado» antes de aprobar proyectos que afecten tierras o territorios indígenas, particularmente en relación con recursos naturales. La implementación de estas normas enfrenta tensiones estructurales cuando colisiona con proyectos extractivos considerados de interés nacional, como ocurre en Tariquia y el Salar de Uyuni.
Según el CEJIS, al menos 18 territorios indígenas se superponen con áreas de explotación hidrocarburífera, sin contar las zonas mineras, lo que advierte un escenario conflictivo que puede multiplicarse rápidamente con la llegada de inversores extranjeros.
El mayor problema es la cuestión de si el consentimiento de las comunidades indígenas implica un derecho de veto; extremo que colisionaría con el Art. 349 de la CPE que señala que “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”.
En los hechos, la consulta previa ha sido distorsionada por el propio Estado, y convertida en bandera discursiva por políticos opositores de todas las tendencias. Los verdaderos pueblos indígenas, con muy poca información, divididos, sin participación real en la discusión, sumidos en la pobreza extrema y utilizados por intereses de diverso tipo, se convierten en el blanco de críticas injustas y manipulación constante.
Otra complicación tiene que ver con prohibiciones territoriales. En Bolivia hay 23 áreas protegidas nacionales y casi 200 departamentales y municipales (cuatro fueron creadas hace una semana), que abarcan cerca del 30% del territorio nacional. Según algunas ONGs, en 12 áreas nacionales habitan pueblos indígenas y en 11 de ellas existen concesiones petroleras.
Aunque el Decreto 2366 permite explorar y explotar hidrocarburos en áreas protegidas, con ciertas limitaciones, varias leyes exigen el cumplimiento de normativas ambientales, permisos y evaluaciones de impacto muchas veces complejas, contradictorias y discrecionales, que son usadas por políticos y grupos ambientalistas con tal capacidad de incidencia legislativa, presión social y persuasión pública, que pueden impedir casi cualquier proyecto.
Un debate necesario
Actualmente Bolivia cuenta con leyes de Hidrocarburos, Minería e Inversiones, sin embargo, éstas ya no garantizan seguridad jurídica ni son aplicables, en parte por su contenido ideologizado y su desconexión con la realidad y con las necesidades del país. En ese sentido, el desafío no solo es elaborar nuevas normas sino darles claridad, previsibilidad y legitimidad, y eso depende de incluir los contextos y las condiciones objetivas en las que se aplicarán.
De nada servirán nuevas leyes que serán inaplicables si la consulta previa sigue siendo un trámite improvisado y un campo de batalla ideológico, y si la normativa ambiental se aplica desde la discrecionalidad, la irracionalidad y la conflictividad.
Sin embargo, esta cuestión nos lleva a un aspecto más estructural. Bolivia enfrenta la decisión de convertir su riqueza natural en una oportunidad de desarrollo sostenible o mantenerla bajo tierra.
El desafío no es suprimir derechos ni debilitar estándares ambientales. El equilibrio se alcanzará debatiendo estos temas con claridad, honestidad y realismo, construyendo instituciones capaces de generar confianza, distribuir beneficios de manera justa y garantizar que el aprovechamiento de los recursos no destruya las bases ambientales y sociales del nuevo país que estamos construyendo.