El Estado boliviano puede disponer del bien y realizar cambios cuando lo considere necesario, incluso traslados a otros pabellones, explicó el coronel Daniel Mérida, director nacional de Régimen Penitenciario.
Fuente: ANF / La Paz
Las inversiones que realizan los privados de libertad en la construcción o mejora de celdas dentro de los centros penitenciarios no generan ningún derecho propietario, ya que tanto el terreno como la infraestructura pertenecen exclusivamente al Estado, afirmó el coronel Daniel Mérida, director nacional de Régimen Penitenciario.
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La autoridad fue enfática al señalar que no existe la posibilidad legal de que los internos reclamen propiedad sobre espacios dentro de las cárceles. “Cualquier mejora o construcción que realicen es bajo su propia responsabilidad y no les otorga ningún derecho. El Estado puede disponer del bien y realizar cambios cuando lo considere necesario, incluso traslados a otros pabellones”, explicó en entrevista con ANF.
Mérida informó que se emitieron disposiciones terminantes para prohibir el cobro por el acceso a celdas o espacios dentro de los recintos penitenciarios. Para garantizar su cumplimiento, se está reforzando el control en los accesos, además de la instalación de cámaras de videovigilancia que permitirán identificar tanto a internos como a posibles efectivos policiales que faciliten estas irregularidades o el ingreso de sustancias prohibidas.
Respecto a penales como San Pedro, donde los propios reclusos realizaron mejoras en las celdas, el director aclaró que el Estado no reconoce áreas privadas dentro de las cárceles. “No puede haber intereses particulares en bienes públicos. Ninguna institución privada ni persona puede invertir con fines propios en un recinto estatal”, subrayó.
Asimismo, advirtió que, en caso de identificarse extorsiones o cobros ilegales entre internos, la instrucción es aplicar sanciones internas que pueden incluir aislamiento o el traslado a otros centros penitenciarios.
Estas declaraciones se dan en un contexto marcado por denuncias persistentes de economías ilegales dentro de las cárceles del país. En recintos como Palmasola y Morros Blancos, diagnósticos de la Defensoría del Pueblo revelan que cerca del 61% de jóvenes privados de libertad pagó un “derecho de piso” al ingresar, con montos que oscilan entre Bs 700 y Bs 2.000. Quienes no pueden pagar suelen ser relegados a espacios precarios, conocidos como “gallineros”.
En San Pedro, el acceso a una celda ha llegado a depender del dinero, con un mercado paralelo donde se compran o alquilan espacios por precios que, en determinados periodos, variaron entre 300 y 10.000 dólares, o incluso más en sectores considerados “preferenciales”.
Las denuncias incluyen también cobros irregulares atribuidos a policías o autoridades penitenciarias, así como extorsiones vinculadas al uso de celulares, ingreso de mercadería o trámites administrativos.
Para Régimen Penitenciario, estas prácticas vulneran la dignidad de los internos y deben ser erradicadas mediante control estricto y sanciones ejemplares.