La expresidenta de la Aduana Nacional Karina Serrudo enfrenta un segundo proceso penal y una orden de aprehensión por la compra de dos escáneres con un presunto sobreprecio de 20 millones de bolivianos, informó una fuente oficial.
Fuente: ANF
“Se han observado varios elementos, uno es la compra de equipamiento y escáneres que es otro de los procesos que se ha abierto contra la expresidenta de la Aduana Nacional. Ya tiene una orden de aprehensión”, informó este jueves el presidente ejecutivo de la Aduana, Alberto Soto de la Vía, a la ANF.
Al igual que en el caso de la construcción de las oficinas de esa entidad en Tarija, Serrudo no se presentó a declarar en la investigación por los escáneres.
La Fiscalía emitió una orden de aprehensión y la Policía ha activado operativos para cumplir con su búsqueda para ejecutar el mandamiento.
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La exfuncionaria es investigada por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Con relación al estado de los escáneres, Soto de la Vía afirmó que se encuentran en los puntos aduaneros de la frontera con Chile.
“Los escáneres están funcionando en fronteras, uno está en Tambo Quemado y el otro en Pisiga, hay un sobreprecio que se ha detectado en la compra. El caso es investigado por la Fiscalía de La Paz”, afirmó.
Otro proceso
Además, Serrudo es investigada en otro proceso por presuntas irregularidades en la compra de un terreno y la construcción del edificio de la Aduana en Tarija. En este caso, se estima que el daño económico es de 10 millones de bolivianos, por una obra que llegó a costar 27 millones de bolivianos.
De acuerdo a la investigación en este caso, en 2017 se licitó la compra de un terreno para la construcción de un recinto de Aduana Interior, en Tarija. Los documentos revelan que se lanzaron tres licitaciones y que las dos primeras fueron anuladas pese a que había propuestas de 1,8 millones de bolivianos.
Sin embargo, el contrato fue adjudicado en una tercera licitación a una empresa que ofertó la venta de un terreno por 2,7 millones de bolivianos.
Una segunda supuesta irregularidad tiene que ver con el costo de la construcción, ya que se estableció que el metro cuadrado de la construcción de esas oficinas costaba 300 dólares, pero la empresa cobró 1.000 dólares.
Serrudo también es investigada por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La investigación incluyó a los representantes de la Sociedad Accidental Guadalquivir que se adjudicó el contrato de construcción.
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