En situaciones agitas para la democracia en el hermano país de Perú, José Enrique Jerí Oré, presidente interino del país que asumió el cargo el 10 de octubre de 2025 hasta el 17 de febrero de 2026, en solo cuatro meses de funciones presidenciales y a menos de dos meses de las elecciones generales programadas para el 12 de abril, fue destituido del cargo por decisión del Congreso, a través de la aprobación de Moción de Censura con 74 votos 24 en contra y 3 abstenciones. La Constitución de Perú ha introducido el mecanismo de la Moción de Censura con el propósito de fortalecer la democracia, pero los frecuentes cambios de presidentes por denuncias de tráfico de influencias, corrupción, caso Odebrecht Ingeniería & Construcción y otros, exigen replantearse la revisión, para frenar la inestabilidad presidencial y del Ejecutivo.
En América Latina, Perú es visto como el país con mayor crisis de inestabilidad institucional. Desde 2016, cuatro presidentes fueron destituidos por el Congreso, dos los hicieron antes de la moción de censura para no verse agraviados con los cargos públicos que pesaban sobre ellos, pero que igual fueron objeto de procesos y condena por corrupción.
El expresidente Ollanta Humala que su mandato comprendió desde el 28 de julio de 2011 hasta el 28 de julio de 2016, fue el último presidente que terminó su mandato constitucional. Los sobresaltos en la justicia fueron posteriores a su mandato.
La causa de la destitución de José Enrique Jerí Oré abogado, con solo 39 años de edad fue por mala conducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo. Sin embargo, se sabe que los cargos están en etapas de denuncias e investigación por la fiscalía.
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Para precisar esta situación, en enero de 2026 la fiscalía abrió una investigación por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, al detectar una cita encubierta sobre negocios con un empresario chino, que conociendo su modus operandi ya ha debido salir del país, como ocurrió en Bolivia con la empresa china CAMC Engineering relacionada con Gabriela Zapata en el tráfico de influencias y la adjudicación directa de cinco obras millonarias en sectores de construcción de carreteras, industrialización y plantas de potasio en Uyuni, en la gestión de Evo Morales entre 2013 y 2016.
Las investigaciones y avances de la fiscalía en Perú, permitieron destapar una situación de mayor implicación en contra de Jerí Oré sobre presunto tráfico de influencia en la contratación de nueve mujeres en su Gobierno, poco inusual en una gestión efímera.
Los impulsores de la destitución de Jerí Oré, quien debía garantizar las elecciones de 12 de abril de 2026, fueron en principio la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha. La presión del legislativo, que posee una fuerza dominante sobre el Ejecutivo, terminó con el mandato presidencial del presidente interino el martes 17 de 2026, que al decir de su abogado Juan Carlos Portugal, le vulneraron todos sus derechos para defenderse y presentar descargos ante el Congreso.
En la democracia de Perú, los juicios políticos Ex Press son como relámpagos, se hacen cada vez más incontenibles y los observadores internacionales expresan su preocupación, porque un Estado con instituciones frágiles se torna permeable a intervenciones de poderes exógenos endógenos, que solo les interesa ampliar la franja de caos, extorsión e inseguridad jurídica, con tal de mantener sus poderes y blindados sus intereses.
La inestabilidad de Perú, de aproximadamente una década, puede deberse a que existen grupos de poder de derecha, popular y de izquierda y, no necesariamente, partidos políticos, con estructuras sólidas, fines y programas que le interese al electorado.
Asimismo, se deja entrever, que el efecto corroído de estos procesos relámpagos, en el tiempo, han ido generando un escenario de oferta democrática desalentadora en la población, con el consiguiente fenómeno de la corrupción severa y fuerte en todas las instituciones públicas de Perú.
En un video que se difundió, el expresidente destituido José Enrique Jerí Oré escribió: “Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendientes, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega. Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro”. Finalmente, adicionó que desde su curul en el Congreso seguirá trabajando por un “Perú seguro y digno para todos”. Se observó que el expresidente no asistió al Congreso del miércoles 18 de febrero, pese a tener el derecho de hacerlo.
De los legisladores que se inscribieron como aspirantes al cargo de presidente del Congreso y a su vez presidente interino de Perú, fueron: 1. Oscar Acuña del Partido Honor y Democracia, 2. María del Carmen Alva Prieto, abogada de 58 años, conservadora del Partido Popular, 3. Edgar Reymundo, legislador del Partido Izquierdista Bloque Democrático, y 4. José María Balcázar Zelada, legislador, exmagistrado de la Corte Suprema, profesor de la Universidad Pedro Ruíz (1977-2021) y del Partido Izquierdista Perú Libre.
Instalado el Congreso el miércoles 18 por el legislador Encargado Fernando Rospigliosi, a horas 18:15, con la comisión de escrutinio y firmas de papeletas de identificación, comenzó el acto de votación con 117 legisladores presentes de 129 que conforman el Congreso. En la primera vuelta al concluir la votación, el conteo público arrojó los siguientes resultados: Oscar Acuña obtuvo 13 votos; Edgar Reymundo 7 votos; María del Carmen Alva Prieto 43 y José María Balcázar Zelada 46 votos. Los votos nulos y pifiados sumaron 8. En esta primera vuelta, que duró 1 hora y 45 minutos, el Encargado del Congreso anunció oficialmente que al no haberse logrado los 59 votos necesarios para investidura presidencial: José María Balcázar Zelada (46 votos) y María del Carmen Alva Prieto (43 votos), al ser los más votados, pasarán a la segunda vuelta, luego de un cuarto intermedio en Sala.
El Encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, antes de iniciar la segunda vuelta (20:38 horas) dio lectura al Artículo 12 inciso 3 del Reglamento del Congreso, que establece que se proclamará ganador al candidato que obtenga la mayoría de votos. Realizada la votación con 103 legisladores presentes ante el abandono de algunas fuerzas minoritarias, concluida la votación y producido el escrutinio público y transparente, María del Carmen Alva alcanzó solo 46 votos y con 64 votos fue elegido Presidente interino del Perú, José María Balcázar Zelada, el juramento y toma de posesión como presidente estuvo a cargo del Encargado del Congreso Fernando Rospigliosi y, el ceremonial de juramentación y aceptación al cargo de presidente se registró entre 22:09 y 22:35. En su discurso, el nuevo Presidente interino de Perú, dijo: “Nos ha llegado la bendición de Dios porque nos ha llegado el internet”; “Esta democracia si no tiene correctivos en el futuro va a desaparecer”; “Todos somos capaces de dialogar y unirnos”; “Voy a convocar a ustedes legisladores para que nos ayuden a Gobernar”; “Vamos a mantener una línea económica para mejorar al país” y “Vendré continuamente para dialogar con todos en el Congreso”. Al final, agradeció por el honor y la confianza y que trabajará por un Perú mejor.
José María Balcázar Zelada, como nuevo presidente Interino de Perú, tras ganar las elecciones con 64 votos, se convierte en el octavo mandatario interino en medio de una década de inestabilidad institucional que presidirá el Congreso y dirigirá el Gobierno hasta la investidura del que resulte ganadora o ganador en las elecciones generales que tendrá lugar el 12 de abril, cuya juramentación y posesión de mandato será el 28 de julio de 2026. En cinco meses de Gobierno, esperamos que se garantice las elecciones generales y que a los hermanos peruanos les vaya muy bien en la consolidación de la democracia transparente y libre de toda corrupción, sobre todo si Bolivia mantiene fluidos vínculos comerciales y financieros con Perú.
El profesor Roberto Gargarella dice: “Ninguna elección presidencial o legislativa otorga licencia alguna para socavar derechos constitucionales. Los funcionarios públicos solo están autorizados a navegar por el mar de los objetivos coyunturales: no pueden ingresar sobre el territorio de los derechos”.
Pedro Gareca Perales