Agentes de la DEA escoltaron a Maduro y Flores en su traslado a un tribunal federal de Nueva York. Foto de Archivo: bbc.com
Fuente: infobae.com
El avance de líderes y discursos de derecha en América Latina marca una tendencia impulsada por el temor a la inseguridad, con un respaldo popular notable incluso hacia figuras identificadas con la “mano dura” y propuestas de endurecimiento policial, según un análisis de Financial Times. Esta tendencia se vio reforzada por la captura del narcodictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que contó con un amplio apoyo popular en toda la región: un 60% de la ciudadanía se mostró a favor del operativo de los Estados Unidos en Caracas, de acuerdo a una encuesta de AtlasIntel.
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A contracorriente de la narrativa tradicional regional, expertos y sondeos muestran que el combate al delito ahora reconfigura el mapa político, arrastrando a candidatos de derecha e izquierda a endurecer sus posiciones mientras la criminalidad echa raíces en la propia política.
El ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador ha motivado a precandidatos y mandatarios de la región a adoptar políticas similares. Su política de encarcelamiento masivo revirtió el elevado índice de homicidios, dotando de legitimidad a su modelo. El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a uno de los más seguros de América Latina. Financial Times detalla que presidentes como Javier Milei en Argentina y el chileno electo José Antonio Kast se inspiran directa o indirectamente en la gestión del líder salvadoreño.
Según datos de Ipsos, el 55% de los latinoamericanos citan la delincuencia y violencia como su mayor inquietud, frente al 34% promedio mundial; en Chile ese porcentaje sube al 62%. Kast logró una arrolladora victoria sobre una candidata comunista enfocando su campaña en promesas para fortalecer fronteras y combatir la migración irregular y las bandas criminales, plan inspirado en parte por su visita a la mega-cárcel Cecot de El Salvador, inaugurada por Bukele y con capacidad para 40.000 internos.
En Costa Rica, país históricamente ajeno a la militarización, el mandatario saliente Rodrigo Chaves lanzó junto a Bukele el proyecto de una cárcel de máxima seguridad valuada en $35 millones de dólares (alrededor de 32,3 millones de euros) para 5.100 reclusos. Laura Fernández, favorita para sucederlo, promete un enfoque aún más estricto contra el crimen organizado.
Seguridad, prioridad electoral e impacto sobre los movimientos políticos
La percepción de inseguridad trasciende fronteras y reordena la agenda pública en países como Perú y Argentina, históricamente más preocupados por sus crisis económicas. Un sondeo de D’Alessio Irol señala que dos tercios de los argentinos ubican la violencia como prioridad desde diciembre pasado. Milei enmarca la seguridad como parte central de su “batalla cultural” contra el peronismo, responsabilizando a dicho movimiento de “convertir este país en un baño de sangre”.
En Perú, Rafael López Aliaga, favorito para las presidenciales de abril, promete cadena perpetua para delitos graves y califica la situación como “terrorismo urbano”. Solo en los primeros nueve meses de 2025 se han registrado 20.705 casos de extorsión, un aumento del 29% respecto a 2024, mientras que los asesinatos alcanzaron su máximo histórico desde 2017, con 2.213 víctimas.
Colombia y la carrera electoral hacia el endurecimiento
Abelardo de la Espriella, abogado y candidato de la derecha dura, domina la escena preelectoral colombiana tras prometer combatir al “comunismo” y al crimen con “puño de hierro”. Según la encuestadora Gad3, lidera las preferencias conservadoras con el 22%. De la Espriella declara: “La paz solo puede lograrse por la fuerza de las armas y la ley”.
Frente a él se perfila el senador izquierdista Iván Cepeda, aspirante respaldado por el presidente Gustavo Petro. Pese a que de la Espriella defendió como abogado a Alex Saab, cercano al régimen venezolano, sus seguidores no parecen contrariados. En palabras del ex policía Jorge Sarmiento, “es el único que puede evitar que el país se hunda”.
Expertos como Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, advierten que ningún candidato ha presentado planes sólidos para abordar la inseguridad, predominando “un instinto de mano dura más que propuestas fundamentadas”.
El modelo Bukele y sus límites: la excepción brasileña
El “efecto Bukele” ha permeado también a gobiernos de izquierda, como México y Uruguay, cuyos presidentes Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi han endurecido su discurso y acciones frente al delito. Sheinbaum revirtió la política de “abrazos, no balazos” y ejecuta deportaciones, detenciones y confiscaciones récord. Orsi llegó a citar a Bukele como “el ejemplo a estudiar”, justificando que la seguridad es un derecho fundamental.
No obstante, Brasil podría marcar una excepción relevante en octubre próximo, advierte Christopher da Cunha Bueno Garman de la consultora Eurasia, ya que a la preocupación por el delito se suma el peso de la pobreza y la salud pública. El presidente Lula da Silva, con una aprobación del 46%, aparece como moderado favorito mientras la oposición derechista busca recomponerse tras la inhabilitación de Jair Bolsonaro.
Garman señala que, aunque la percepción de inseguridad creció bajo Lula, los ingresos reales aumentaron entre 15 y 17% y el desempleo tocó mínimos históricos. Esto podría dificultar que Brasil repita el mismo giro conservador que otros países.
Violencia, política y el riesgo de la infiltración criminal
La normalización de la violencia como tema electoral produce efectos paradójicos: según Financial Times, en Río de Janeiro la policía mató a 420 civiles en los primeros once meses de 2025, 117 de ellos en un solo operativo antinarcóticos. El 43 % de los residentes dice haber presenciado un asalto armado en los tres meses previos. Pese a ello, la mayoría apoya a la policía, aunque analistas como Robert Muggah critican la falta de estrategias sostenidas y advierten que “las fuerzas de seguridad podrían ser responsables de casi un tercio de todas las muertes violentas en Río este año”.
El fenómeno es doble: el crimen no solo aumenta su presencia en el día a día, sino que se infiltra en la política. En México, la consultora Integralia documentó 37 asesinatos de candidatos antes de las elecciones generales de 2024. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se vincula al Cartel Jalisco Nueva Generación.