En la anterior nota con el mismo título sostuvimos que “el mayor enemigo de nuestra sociedad contemporánea es la corrupción”, flagelo que azota sin misericordia a casi todas las naciones del planeta y del cual Bolivia, lamentablemente, no es la excepción. Por el contrario, este mal se ha incrementado de manera escandalosa en los últimos años, adquiriendo rasgos estructurales que penetran con fuerza en nuestras instituciones y en el tejido social.
Si bien la corrupción ha sido siempre condenable, en tiempos de crisis su gravedad se multiplica. Cada recurso desviado significa menos alimentos para los pobres, menos medicamentos en los hospitales y menos oportunidades para quienes viven en la precariedad. En este contexto, deja de ser un simple delito administrativo para convertirse en un atentado directo contra la dignidad humana. Es, moralmente, quitarle el pan de la boca al hambriento.
Su efecto nocivo no se limita al ámbito económico. Degrada las instituciones, erosiona la confianza ciudadana y corroe la moral colectiva. Cuando la impunidad se impone y el poder protege al corrupto, se rompe el contrato social y se instala la peligrosa lógica del “todo vale”.
A ello se suma su impacto en la economía productiva. La corrupción desincentiva la inversión privada nacional y extranjera, frena la generación de empleo y profundiza la crisis económica. Ningún inversor serio apuesta por países donde la ley se negocia y la justicia carece de credibilidad.
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El Estado boliviano no carece de leyes para la Prevención y Lucha contra la Corrupción. Existen normas suficientes que, en la práctica, terminan archivadas sin aplicación efectiva. De nada sirve promulgar disposiciones si no existen autoridades probas e independientes que las hagan cumplir con rigor y transparencia. De ahí surge una prioridad impostergable: la Reforma profunda de la Administración de Justicia. Sin jueces independientes ni fiscales incorruptibles, cualquier política anticorrupción será meramente retórica.
Las ingentes cantidades de recursos desviados hacia fortunas ilícitas, muchas veces desde la función pública, podrían fortalecer la salud, rescatar la educación o mitigar el hambre de miles de bolivianos. La magnitud del daño explica el creciente rechazo ciudadano frente a este flagelo y la demanda de condenas verdaderamente ejemplarizadoras: privación efectiva de libertad, inhabilitación perpetua y devolución total de los bienes sustraídos al Estado.
UN DESAFÍO INELUDIBLE
En este escenario de crisis económica, descrédito institucional y hastío social, el nuevo gobierno tiene la obligación histórica de asumir la lucha anticorrupción como eje central de su mandato.
No bastan los discursos. El país exige señales claras, decisiones firmes y acciones inmediatas. La tolerancia debe ser cero, sin excepciones ni blindajes políticos.
El Presidente está llamado a constituirse en el principal baluarte de esta cruzada moral, marcando una línea innegociable: combatir la corrupción incluso cuando las sospechas alcancen a su propia administración. Solo así podrá recuperar la confianza ciudadana y dignificar la función pública.
Erradicar este flagelo exige el compromiso conjunto del Estado y la sociedad: reforma judicial, aplicación rigurosa de la ley, transparencia y control social efectivo.
La lucha contra la corrupción no es una opción política, sino una obligación moral. Y el nuevo gobierno tiene hoy la oportunidad, y la responsabilidad histórica, de encabezarla con firmeza, para que la crisis no siga siendo el terreno fértil donde prospera la impunidad.
Fernando Crespo Lijeron