La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) confirmó una condena de más de 13 años de prisión contra Norman Quijano, exdiputado y excandidato presidencial por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ante los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El proceso judicial contra Quijano surge en el contexto de una serie de investigaciones que han buscado desmontar los vínculos entre actores políticos y estructuras criminales en el país centroamericano.
Durante el proceso, la fiscalía salvadoreña presentó grabaciones, testimonios y documentos que acreditaron la existencia de contactos directos entre Quijano y cabecillas de pandillas.
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador consideró que la conducta de Quijano configuró claramente los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, sumando su caso a varios procesos recientes enfocados en desarticular la colusión entre políticos y organizaciones criminales.
“La Fiscalía presentó todas las pruebas que demostraron que Quijano sostenía reuniones directas con los cabecillas de las pandillas, a cambio de recibir votos”, expresa una publicación de redes sociales.
La sentencia ha generado expectativas sobre el alcance futuro de los procesos judiciales orientados a proteger la legalidad democrática en El Salvador, marcando un hito en la relación entre poder político y estructuras ilícitas.
Cinco años fuera del territorio salvadoreño
La extradición Quijano a El Salvador, procedente de Estados Unidos se realizó el 27 de enero de 2026, tras un proceso judicial que incluyó acusaciones por agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Las autoridades estadounidenses entregaron al exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa a funcionarios salvadoreños, quienes lo recibieron en el aeropuerto y procedieron a notificarle formalmente la condena de 13 años y 4 meses de prisión dictada en su contra por un tribunal salvadoreño en abril de 2024.
El procedimiento se llevó a cabo después de que Quijano permaneciera bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de detención migratoria en Texas.
La detención se realizó por temas migratorios, ya que INTERPOL no ejecutó la captura al considerar el caso como persecución política según sus estatutos. A pesar de la solicitud de asilo presentada por Quijano, las autoridades migratorias estadounidenses resolvieron su entrega a El Salvador bajo la figura de deportación, no de extradición formal, aunque el proceso se desarrolló en estrecha coordinación entre ambos países.
El Ministerio Público salvadoreño indicó que Quijano fue trasladado a un centro penitenciario para iniciar el cumplimiento de la condena.
La sentencia se fundamentó en pruebas documentales, audios y testimonios que demostraron su participación en negociaciones con líderes de pandillas para obtener apoyo electoral durante las elecciones presidenciales de 2014.
La llegada de Quijano a territorio salvadoreño marcó el inicio de su reclusión y la ejecución de la sentencia impuesta, en el marco de un caso que ha sido seguido de cerca tanto por medios locales como internacionales, y que ha puesto en relieve la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador en materia judicial.