Fernando Untoja
Las transiciones políticas no solo cambian autoridades; también heredan estructuras. Y cuando esas estructuras no se revisan a tiempo, pueden convertirse en puntos de falla capaces de dañar la máquina económica desde adentro. Mientras el Gobierno proyecta orden y previsibilidad hacia el exterior, en el frente interno se acumulan señales de fricción que no pueden seguir tratándose como episodios aislados.
El sabotaje moderno rara vez es espectacular. Opera de forma técnica, silenciosa y persistente: controles débiles, errores reiterados, decisiones tardías y responsabilidades diluidas. El efecto no es inmediato, pero sí corrosivo. La economía no se detiene de golpe; se desgasta.
El abastecimiento de combustibles es un nodo crítico. Transporte, producción, precios y expectativas dependen de su funcionamiento regular. Cuando ese engranaje falla, la máquina completa pierde sincronía. En ese marco, el episodio de la gasolina presuntamente alterada no puede minimizarse como un simple desliz operativo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Más allá de las responsabilidades que deberán establecerse por las vías correspondientes, el hecho expone vulnerabilidades en los sistemas de control y supervisión, particularmente en YPFB. Cuando el combustible pierde confiabilidad, la incertidumbre se propaga por toda la cadena productiva y golpea la credibilidad del Estado.
No toda falla implica dolo. Existen errores humanos y deficiencias técnicas. Pero también existe la complacencia, especialmente cuando un gobierno en transición decide mantener estructuras y funcionarios heredados sin una evaluación profunda. En nombre de la estabilidad, se posterga la depuración. El problema es que, cuando las fallas se repiten en sectores estratégicos, la explicación técnica deja de alcanzar.
Aquí surge una pregunta incómoda, pero legítima: ¿puede el Estado descartar, sin auditar, la presencia de operadores internos capaces de provocar daño funcional desde posiciones clave? No se requieren grandes números; basta con ocupar nodos críticos.
El impacto no es abstracto. Fallas en engranajes básicos generan desconfianza ciudadana, tensiones sociales y costos económicos crecientes. El Gobierno aparece incapaz de garantizar lo esencial, aun cuando los problemas tengan raíces heredadas. Así, mientras afuera se consolida una narrativa de estabilidad, adentro se erosiona la autoridad. Esa contradicción no es sostenible.
El peligro mayor no es una crisis súbita, sino la normalización del mal funcionamiento: parches permanentes, desabastecimientos recurrentes y una economía que aprende a convivir con la ineficiencia. Una máquina que opera con piezas defectuosas no se detiene de inmediato, pero acelera su desgaste. Y cuando finalmente falla, el costo de reparación es mucho mayor.
Esto no es un llamado a la revancha ni a la cacería de brujas. Es una advertencia institucional. Auditar, depurar y renovar en áreas estratégicas no es persecución; es profilaxis. Cambiar personas cuando corresponde no desestabiliza; previene. Ignorar una infección no la cura. En política económica, como en medicina, postergar la limpieza garantiza un tratamiento más doloroso después.