La propuesta o consigna del 50/50 generó réditos políticos, al presidente Rodrigo Paz, en el proceso electoral a nivel nacional. Se lo vio como el más comprometido con la profundización de las autonomías, hasta susurrar que era el camino federal. En la campaña electoral autonómica en curso, inicialmente generó el florecimiento de ilusiones, promesas y afirmaciones de las maravillas que se podrían hacer con el incremento de recursos a disposición de alcaldías y gobernaciones. En las últimas semanas, la denominada formula 50/50, genera dudas, cuestionamientos, y respuestas dilatorias o slogans.
Vamos por el comienzo. Si bien en el programa de gobierno ofertado por Rodrigo Paz/PDC, en la parte diagnóstica se denuncian al Estado tranca y Estado centralista que concentra el poder y la toma de decisiones y con ello el 80% del PGE, relegando a los niveles sub nacionales (entiéndase autonómicos), en su desarrollo económico, político y social, el referido programa, no hace mención técnica precisa, menos rigurosa, de la distribución del mencionado 50/50.
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La propuesta del 50/50, es planteada en el programa de gobierno, como lema en tópicos referidos a reformas sectoriales de educación, salud, y es mencionada en el título de la estrategia de implementación de un nuevo modelo económico basado en la distribución fiscal 50/50. Insisto, en ninguna parte llega a precisar cuáles los recursos fiscales o rentas, que serán objeto de la distribución de la mentada agenda, “50/50”.
Esta situación ha generado que en las últimas semanas se pase de las expectativas a los reclamos. Una primera gran controversia, se generó a mediados de enero cuando el Presidente, en un acto público, afirmó que esperaba que la propuesta del “50-50” de distribución de recursos entre el Estado y los gobiernos subnacionales se concrete al final de su gestión, es decir, en el 2030. De inmediato, alcaldes, gobernadores y candidatos, le recordaron que había prometido que sería una de las medidas iniciales de su gobierno, “sea por ley o por decreto”, habría asegurado el presidente R. Paz.
Lo más complicado en la vida es dividir la mesa con un comensal pasado de peso. Es así, que hasta la fecha nadie explica, ni menciona, cuáles serán los recursos que se dividirá el nivel central con los gobiernos autonómicos o territoriales. Como es natural, varios candidatos han electoralizado el tema y aseveran que como gobernadores subirán las regalías del 11% al 50%; otros mencionan que se tienen que reformar y dividir el presupuesto general en partes iguales; que es la renta nacional que debe fraccionarse en partes iguales; o que el 50% será sobre el IDH. De forma más práctica, un candidato en Santa Cruz mencionó que activará la agencia tributaria cruceña, establecida en el Estatuto Autonómico, y aquí se cobrará y quedará el 50% de todas las recaudaciones que se generen en la región, y se transferirá al nivel central el saldo del 50%.
Frente al laberinto del 50/50, en el que se cruzan alternativas, expectativas, cálculos políticos, marco constitucional, entre otros, la Viceministra de Autonomías ha desdibujado la idea primaria que teníamos del 50/50, mencionado que todo debe hacerse con corresponsabilidad. Agregando en su entrevista a un medio de comunicación lo siguiente: El presidente (Rodrigo Paz) ha sido claro, no se trata aquí de tomen la plata y ustedes vean qué hacen, si no existe un ejercicio de corresponsabilidad, de hermandad de municipios” (Textual).
Los tiempos, necesidades, y expectativas que se han generado desde las elecciones nacionales e intensificado en el proceso electoral autonómico, son diametralmente diferentes entre el gobierno central, y los gobiernos territoriales autonómicos incluida sociedad civil, quienes dan por hecho la disposición de mayores recursos para poder atender sus promesas electorales y las competencias que establece la CPE, y que valga decir por falta de recursos en buen porcentaje, se han convertido en decorativas.
No es difícil avizorar de que posesionadas las nuevas autoridades autonómicas y luego de constatar que sus arcas están vacías, tienen obligaciones contractuales en curso, grandes promesas que cumplir y una fuerte presión de la ciudadanía, se arme la de San Quintín, entre autoridades centrales y autonómicas.
Hay que simplificar el laberinto llamado pacto fiscal y entender que, más que hermandad o castidad, es política y técnicamente necesario, garantizar los recursos económicos (artículo 305 CPE) para ejercer las competencias de los gobiernos autonómicos, que de ningún modo son subnacionales. Esperemos que la premisa sea evitar que se arme la de “San Quintín”.