Los primeros cien días del gobierno de Rodrigo Paz marcan un quiebre respecto a la deriva económica e institucional que Bolivia arrastraba en los últimos años. En un contexto de distorsiones acumuladas, pérdida de confianza y deterioro fiscal, la actual gestión logró un objetivo clave: restablecer la previsibilidad económica. La contención inflacionaria tras el levantamiento de la subvención, la estabilización del tipo de cambio, el retorno de divisas al sistema financiero, la renegociación responsable con la Central Obrera Boliviana y la apertura de líneas de financiamiento internacional constituyen señales claras de gobernabilidad macroeconómica.
Sin embargo, estabilizar no equivale a gobernar estructuralmente, y es precisamente ahí donde emergen los desafíos de fondo. En el plano político, el distanciamiento entre el Presidente y el Vicepresidente debilita la conducción estratégica del Estado. En el plano normativo, la ausencia de proyectos de ley estructurales en la Asamblea Legislativa, en materia de hidrocarburos, minería, litio, justicia, trabajo y reformas constitucionales, impide construir un marco jurídico moderno que garantice inversión, seguridad jurídica y crecimiento sostenible.
Uno de los principales talones de Aquiles de la actual administración es la imposibilidad de erradicar completamente los remanentes operativos del Movimiento al Socialismo incrustados en la estructura estatal. No se trata de una simple herencia burocrática, sino de redes funcionales que hoy actúan como mecanismos de sabotaje interno, distorsionando procesos administrativos, bloqueando decisiones estratégicas y generando crisis institucionales inducidas. A esto se suma un problema estructural adicional: la inversión de roles dentro del aparato público, gerentes convertidos en técnicos y técnicos convertidos en gerentes, que erosiona la eficiencia, diluye responsabilidades y desperdicia el capital profesional existente en el Estado.
Los episodios recientes vinculados a irregularidades en combustibles, importaciones, control aduanero y administración de justicia no constituyen hechos aislados, sino síntomas de una patología institucional más profunda: un Estado aún parcialmente capturado por prácticas del pasado, donde la legalidad sigue siendo frágil y la institucionalidad todavía no logra imponerse plenamente sobre estructuras informales de poder.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El balance, por tanto, es claro: los primeros cien días fueron exitosos en estabilizar la economía, pero insuficientes para desmontar las estructuras que impiden gobernar con plenitud institucional. La siguiente fase exige algo más que medidas coyunturales: requiere reformas legales estructurales, depuración administrativa real y una revolución judicial que restablezca el principio elemental del Estado de derecho: que nadie esté por encima de la ley.
Rodrigo Paz logró ganar tiempo para el país. Ahora debe demostrar que también puede construir futuro.