¿Por qué las autoridades no compartieron la información de inmediato? Desde el entorno de Paz defienden a la DGAC y Naabol, y culpan a la Aduana. El fiscal Mariaca critica el manejo de los datos.
Fuente: Opinión
¿Dónde están a día de hoy las 31 maletas? ¿Contenían droga, como se ha especulado? ¿Llevaban armas? ¿iban repletas de dólares? Pasaron 71 días desde el polémico viaje en un vuelo chárter que implicó a la exdiputada de Creemos Laura Rojas y todos intentan despojarse de la responsabilidad achacándola a otros. El Gobierno, que asegura haber contado con la información desde diciembre, direcciona los dardos contra la Aduana. La Aduana, por su lado, argumenta que entonces advirtió irregularidades y sugirió revisar. Y desde el Ministerio Público se levanta una queja indirecta pero muy fuerte contra el Ejecutivo: el no aviso a tiempo demoró las capturas.
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El 29 de noviembre de 2025 marcó el inicio de la causa mediáticamente bautizada como “maletas”. Ese día ingresaron a Bolivia, mediante el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz, 31 equipajes procedentes de Los Ángeles, Estados Unidos. Las valijas habrían sido retiradas, varias horas más tarde, por la exasambleísta Rojas, quien conforme a los reportes y las investigaciones habría aterrizado a bordo de un vuelo privado. No hubo ninguna revisión de por medio. Las averiguaciones dan cuenta de que la exdiputada de Luis Fernando Camacho habría mostrado un pasaporte diplomático aun cuando sus funciones en el Parlamento ya habían fenecido.
Aquí también entra en juego un juez. En palabras del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, las polémicas valijas fueron trasladadas a un galpón de una empresa de seguridad de la que, curiosamente, el juez Herbert Zeballos era socio, en Santa Cruz.
El 20 de enero, casi un mes después del viaje en cuestión, al calor de un allanamiento, los agentes policiales hallaron 79 kilos de marihuana en dicho galpón. “Además, se descubrió maquinaria industrializada que no solo acopiaba y refrigeraba la sustancia, sino que también la procesaba”, precisó el fiscal.
Por todo ello, el juez fue aprehendido el 23 de enero, conducido, dos días después, al penal de Palmasola para que cumpla 120 días bajo detención preventiva y resultó suspendido provisionalmente de su cargo por el Consejo de la Magistratura. Se lo investiga por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
Rojas, la exdiputada que también buscaba ser concejal por la Alianza Primero Santa Cruz Rojas, fue aprehendida el 26 de enero, después de que se presentara a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía Departamental en Sustancias Controladas de Santa Cruz. Fue enviada al recinto de Palmasola por 180 días.
Mientras tanto, su familia asegura que se trataría de algo “armado” para perjudicarla. De hecho, su hermana denuncia haber recibido amenazas.
“Ella es inocente, va a demostrar, pero, antes de eso, por favor, por responsabilidad, dejen de mostrar cosas que no corresponden. Dejen de dañar la imagen de mi hermana. Le pido al presidente (Rodrigo Paz), le pido al fiscal, por favor, saque los videos completos de Viru Viru. Demuestren la verdad. Esto está armado para ella. Está corriendo peligro la vida de mi hermana. Los vehículos nos siguen, (son) vehículos con vidrios negros. Nos están sacando fotos todo el tiempo”.
UNA DECENA BAJO LA LUPA El caso representa el mayor escándalo en lo que va de la gestión de Paz y ha alcanzado tinte internacional. Además del juez preso y la exdiputada de Camacho también tras rejas, la polémica les ha costado el cargo al menos a cinco funcionarios de la Aduana Nacional en Viru Viru. Se trata del jefe del hall, el jefe de turno, el administrador y el personal operativo, conforme al detalle del portal Urgente.bo. Estas personas habrían omitido la revisión de las misteriosas maletas.
Además, fueron convocados por la Fiscalía tres servidores jerárquicos de la terminal aérea de Viru Viru. En lo que refiere al círculo del juez Zeballos, su representante legal y su socio capitalista tienen detención preventiva.
EL GOBIERNO YA SABÍA DEL CASO Rodrigo Paz sorprendió al revelar que desde la esfera gubernamental ya conocían y contaban con información respecto al caso de las maletas.
“Esta información la manejábamos tiempo atrás. Hemos ido generando los pasos adecuados para entender la primera estructura (…). Van a salir muchos escándalos. Estamos haciendo las investigaciones paso a paso”, fueron sus palabras muy sucintas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reforzó la versión oficialista y agregó que ya sabían del hecho desde diciembre. Según sus dichos, han decidido seguir una “reserva institucional” para “no interferir en las investigaciones preliminares y respetar las acciones de la Justicia.
“El Ministerio de Gobierno recibió esta información la primera semana de diciembre. Producto de eso, se instruyó a los organismos dependientes de la Policía Boliviana, Inteligencia y FELCN, para que empezaran a realizar investigaciones”, relató Oviedo ante los medios.
UN SILENCIO PERJUDICIAL El Ministerio Público entiende que el hecho de que las autoridades no compartieran la información ni bien sucedió el caso, no ayudó en el desarrollo de las investigaciones. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue tajante al momento de dirigir la queja: apuntó indirectamente al Ejecutivo. “Les puedo decir de frente a ustedes como medios de prensa que nos enteramos el 19 de enero de 2026. Es importante, siempre, la coordinación, la información que podamos tener entre autoridades. Yo tengo que ser objetivo: dicho inicio de investigaciones se da y se conoce por parte del Ministerio Público el 19 de enero de 2026 (…). Si se tenía dicha información en su momento, hoy los tuviéramos a todos (presos). Y quizás el caso hubiera sido esclarecido en 24 o 48 horas y hubiéramos sabido qué tendrían esas maletas”.
Mariaca subrayó que la descoordinación en el manejo de la información es perjudicial.
El argumento utilizado desde el Gobierno, sin embargo, es que abordaron el tema con cierta reserva para no alertar a los implicados.
La Policía, por su lado, afirma que se enteró del caso una semana después de que ocurriera, demora que también habría sido negativa. “Tenemos que tener claro que desde el momento en que llegaron estas maletas hasta el momento que ha tenido conocimiento la Policía, ha transcurrido alrededor de una semana. Entonces, en una semana esas maletas podrían haber atravesado el mundo”, apuntó el comandante general Mirko Sokol.
‘MEA CULPA’ Para el Ejecutivo, las fallas provendrían de la Aduana, y no de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ni Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), entidades que son dependientes del Ministerio de Obras Públicas.
Mauricio Zamora, titular de dicha cartera del Estado, defendió el accionar de ambos despachos. “En Naabol y DGAC no hubo fallas. Bajo los informes que tengo, han cumplido el procedimiento. La Fiscalía intervino la Aduana, que es donde hubo la falta de control y está en proceso de investigación”, arguyó la autoridad.
Mientras, desde la Aduana emergió una versión relacionada con una aparente advertencia a tiempo sobre las presuntas irregularidades en la presentación del pasaporte diplomático de Rojas. La exgerente regional interina de la Aduana en Santa Cruz, Mónica Castro, manifestó que fue advertido el hecho de que Rojas ya no era diputada cuando aterrizó el 29 de noviembre, según la información a la que tuvo acceso Unitel. Castro habría sugerido que procedieran con la revisión de las maletas, pero en calidad de propuesta, ya que el 28 de noviembre había concluido sus funciones interinas.
Según su testimonio, desde su despacho habría emitido una nota a la Gerencia Nacional de Operaciones Aduaneras (GNOA) en la semana del 3 de diciembre dando cuenta del hecho.
Lo cierto es que, hasta la fecha, el contenido de las 31 valijas sigue siendo un misterio.
Fuente: Opinión