Canamari explicó que comunidades como San Antonio del Tequeje o Carmen de Lemero, ubicadas a más de 200 kilómetros de centros urbanos, continúan consumiendo agua directamente de los ríos Tequeje y Beni, altamente contaminados por la actividad minera.
Fuente: ANF
La expansión de la minería aurífera ilegal y el uso intensivo de mercurio han colocado a varias comunidades indígenas del norte amazónico frente a una crisis ambiental y sanitaria sin precedentes. Mientras el Pueblo Tacana denuncia afectaciones directas en la salud, el agua y la alimentación de sus comunidades, en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) la contaminación aún no se manifiesta de forma directa, aunque persisten otras amenazas estructurales que mantienen a sus pobladores en una situación de alta vulnerabilidad.
Para Jorge Canamari, presidente del Pueblo Tacana, el mercurio dejó de ser un riesgo abstracto para convertirse en una emergencia cotidiana. “Tenemos pruebas en el agua, en los peces y en el cabello de nuestra gente, pero el Ministerio de Salud no ha reaccionado. Están apareciendo enfermedades raras, tumores repentinos, y en pueblos vecinos como los Esse Ejja ya hay muertos, sobre todo ancianos y mujeres embarazadas”, afirmó en contacto con ANF.
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Canamari explicó que comunidades como San Antonio del Tequeje o Carmen de Lemero, ubicadas a más de 200 kilómetros de centros urbanos, continúan consumiendo agua directamente de los ríos Tequeje y Beni, altamente contaminados por la actividad minera.
“No tenemos otra fuente. Los centros de salud no cuentan con medicamentos ni personal especializado para tratar intoxicaciones por mercurio. Estamos totalmente desprotegidos”, añadió.
El dirigente tacana alertó, además, sobre el avance descontrolado de la minería ilegal, incluso dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi. Dijo que las dragas y balsas han aumentado de manera contundente. “En algunos casos, los mineros han impedido inspecciones de autoridades judiciales. El Estado simplemente no entra”, denunció.
Frente a este escenario, el Pueblo Tacana ha planteado alternativas para reducir el riesgo sanitario, como la implementación de plantas piscícolas que permitan dejar de consumir pescado contaminado. “Hemos presentado estas propuestas al gobierno (de Luis Arce), pero no se ha concretado nada. Es frustrante”, señaló Canamari, quien expresó una profunda desconfianza en la voluntad estatal de hacer cumplir incluso fallos judiciales, como una Acción Popular ganada para proteger los ríos de la minería ilegal.
Una realidad distinta, aunque no menos compleja, describió Severiano Metene, dirigente chiman del TIM. Según explicó, en su territorio aún no se registran problemas directos de contaminación por mercurio; sin embargo, reconoció que pueblos cercanos, como los chimanes del sector de Yucumo y el pueblo Leco, sí están sufriendo las consecuencias, en parte por su mayor incursión en actividades mineras.
Para Metene, las prioridades en su territorio pasan hoy por otros frentes igualmente críticos. “El cambio climático está reduciendo drásticamente el caudal de los ríos, y existe la amenaza constante de explotación petrolera en el pozo Eva Eva. A eso se suma un sistema de salud totalmente olvidado, donde faltan médicos incluso para atender fiebre o diarrea”, explicó.
El dirigente chiman también identificó al Estado más como una amenaza que como un aliado. “El gobierno quiere ingresar a nuestro territorio para explotar áridos y petróleo, y nosotros nos hemos opuesto. Además, con el tema de las autonomías, a veces nos niegan atención médica en centros urbanos como San Ignacio de Mojos”, denunció.
Los reclamos de ambos líderes se apoyan en antecedentes científicos contundentes. Desde 2021 y 2022, estudios comenzaron a alertar que comunidades indígenas amazónicas presentaban niveles de mercurio muy por encima de los límites seguros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, principalmente a través de análisis de cabello en pobladores que dependen del pescado como base de su alimentación. En junio de 2023, una investigación más amplia confirmó que al menos 36 comunidades indígenas de la Amazonía paceña estaban afectadas.
Estos estudios, realizados por instancias como la Universidad Mayor de San Andrés y la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, identificaron altos niveles de mercurio en pueblos Esse Ejjas, Tsimanes, Tacanas, Mosetenes, Lecos y Uchupiamonas, muchos de los cuales no practican minería, pero viven aguas abajo de zonas donde el mercurio es vertido en los ríos.
Durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, el Estado reconoció parcialmente el problema y elaboró un Plan de Acción Nacional para reducir el uso de mercurio, aunque comunidades y expertos cuestionaron la falta de control efectivo y de atención en salud. Demandas judiciales ordenaron incluso la suspensión de actividades mineras ilegales en ciertos ríos, pero su cumplimiento fue irregular.
Con la llegada al poder de Rodrigo Paz a fines de 2025, las expectativas de un giro ambiental aún no se traducen en políticas concretas. La eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua como cartera autónoma y la ausencia de programas específicos sobre mercurio generan nuevas críticas desde las organizaciones indígenas.
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Fuente: ANF