Johnny Nogales Viruez
Bolivia venía de días humillantes. Está aún fresco el recuerdo de filas interminables, de incertidumbre y de horas de trabajo perdidas para cargar gasolina. Ese episodio pareció quedar atrás. Hubo un respiro, una sensación de normalidad recuperada. Pero la tregua duró poco. Hoy, el problema ya no es únicamente el acceso al combustible, sino su calidad.
Los reportes de fallas en vehículos se multiplican. Automóviles y motocicletas evidencian daños que no son casuales. Y no se trata de caprichos ni exageraciones. Una avería en el sistema de inyección o en el motor no es una molestia menor, sino un golpe directo a la economía familiar. El problema se agrava cuando afecta a quienes viven del volante, como los transportistas, mototaxistas, repartidores y pequeños emprendedores que dependen de su movilidad para trabajar. En esos casos, el costo no se limita a una reparación; incluye días perdidos e ingresos interrumpidos, mientras las obligaciones y las necesidades siguen corriendo.
Lo que ocurre en varias regiones del país confirma que no se trata de un problema aislado. El paro departamental en el Beni, motivado por denuncias sobre la mala calidad del combustible, el daño a automotores y el incumplimiento de compromisos de abastecimiento, es una señal inequívoca de que la crisis se está extendiendo. Cuando los reclamos se repiten en distintos puntos del país, no hay una falla puntual; lo que falla es el sistema.
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Hasta ahí, podríamos estar ante un incidente grave que exige respuestas técnicas. Pero el asunto dejó de ser sólo operativo cuando comenzaron a circular denuncias y cuestionamientos sobre posibles sobreprecios en la importación del combustible. Y en ese punto cambia la naturaleza del problema. Ya no se discute únicamente eficiencia, sino credibilidad. Y la credibilidad no admite zonas grises.
Una administración puede atravesar dificultades, incluso cometer errores. Lo que no puede permitirse es que se instale la sospecha de que, detrás de un servicio esencial, existe un negocio oscuro o una cadena de irresponsabilidades toleradas. El solo hecho de que la ciudadanía hable de sobreprecios, intermediaciones dudosas o contratos cuestionados, coloca al gobierno ante la obligación de demostrar que el manejo de los recursos públicos está por encima de cualquier duda razonable.
Y aquí es donde la reacción estatal importa tanto como la explicación.
Frente a una crisis así, la respuesta no puede ser tibia ni tardía. Debe ser inmediata, firme y clara. No basta con prometer investigaciones genéricas ni anunciar comisiones que se diluyen en el tiempo. Cuando están en juego la confianza y el dinero público, el gobierno tiene que actuar con celeridad. Debe separar de inmediato a los responsables de las áreas implicadas, cuando menos mientras se esclarecen los hechos, abrir la información y asumir el costo político de preservar la confianza social.
Pero, además, debe quedar nítidamente establecida la cadena de responsabilidad. Porque en la administración pública no hay errores sin responsables ni decisiones sin firma. Cada etapa del proceso -contratación, importación, transporte, control de calidad y distribución- tiene actores identificables, con funciones específicas y deberes concretos. Y cuando el sistema falla, no basta con señalar tachas abstractas; corresponde determinar quién decidió, quién autorizó, quién supervisó y quién omitió actuar.
Gobernar también es asumir responsabilidades, no diluirlas.
Porque un país no cambia si sólo cambia de nombres. Bolivia no dejó atrás un esquema que había perdido toda credibilidad y decencia, para convivir con nuevas sospechas. No se expulsó el latrocinio para habilitar su reemplazo por formas más veladas de abuso. Lo que la ciudadanía espera y exige es una administración moralmente impoluta y técnicamente eficiente. Sin excepciones. Sin pretextos.
La gente puede comprender las dificultades de abastecimiento en un contexto complejo. Puede entender los retos logísticos y los límites de infraestructura. Incluso puede sospechar que haya sabotaje interno. Lo que no tolera es la duda. Y cuando la duda se extiende, el daño golpea tanto al bolsillo como a la credibilidad.
En momentos como este, más que el combustible, lo que está en juego es la confianza. Y cuando la confianza se acaba, no hay importación que la reponga ni subsidio que la sustituya.