El juzgado agroambiental de Entre Ríos tuvo ayer por incorporada a la petrolera al proceso y por cumplida la orden documental a la Asamblea, mientras la pausa ambiental sobre el Domo Oso X-3 se acerca a su vencimiento sin resolución de fondo.
Fuente: El País.bo
El expediente 003/2026 del Juzgado Agroambiental de Entre Ríos registró ayer dos actuaciones procesales relevantes: el juez tuvo por legalmente apersonada a Petrobras Bolivia S.A. en calidad de litisconsorte pasivo necesario y, en el mismo auto, declaró cumplida la orden dirigida a la Asamblea Legislativa Plurinacional de remitir los antecedentes del contrato San Telmo Norte. Con esas anotaciones, la causa queda formalmente integrada con todos sus actores. La pausa ambiental de 30 días decretada el 16 de enero —ampliada por 10 días adicionales a solicitud del Procurador, Hugo León La Faye— vence en los próximos días, y las comunidades de Chiquiacá han anunciado que retomarán la vigilia si el juzgado no emite una resolución favorable.
Los argumentos de Petrobras
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El memorial presentado por la empresa —con apoderado Primitivo Gutiérrez Sánchez y 15 abogados acreditados mediante Poder N°37/2026 del 29 de enero de 2026— sostiene que cada acto administrativo que ampara el proyecto fue emitido por la autoridad competente y ninguno fue impugnado en los plazos legales, por lo que constituyen actos administrativos firmes.
- Lea el memorial de defensa de Petrobras Bolivia S.A. AQUÍ
La defensa articula tres argumentos principales. Sobre el contrato: la Ley 1049 del 7 de abril de 2018 aprobó el Contrato de Servicios Petroleros entre YPFB, Petrobras Bolivia (60%, operadora) e YPFB Chaco (40%) para el área San Telmo Norte; la empresa sostiene que una medida cautelar no puede suspender un contrato con aprobación parlamentaria sin vulnerar el principio de seguridad jurídica. Sobre la licencia ambiental: el Viceministerio de Medio Ambiente emitió el 10 de julio de 2025 la Licencia Ambiental de Declaratoria de Impacto Ambiental N°2134/2025, tras aprobar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Específico; la empresa señala que el plazo para impugnarla venció sin que fuera cuestionada. Sobre la ubicación: tanto el SERNAP como el INRA Tarija certificaron —según Petrobras— que el pozo DMO-X3 se encuentra fuera del polígono oficial de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y fuera de Tierras Indígenas Originarias Campesinas, por lo que le correspondería la Categoría 2 de evaluación ambiental y no la Categoría 1 que reclama la parte demandante.
En materia de consulta pública, la empresa respalda el proceso realizado en enero de 2025 en Entre Ríos y en la comunidad de Saicán, presentando actas notariales y señalando la participación de actores del área de influencia. Las comunidades del cantón Chiquiacá, por su parte, sostienen que ese proceso no constituyó una consulta previa válida: denuncian que las empresas contactaron únicamente a dos o tres dirigentes sin mandato de las bases y que las comunidades cuentan con votos resolutivos, libros de actas y resoluciones que expresan el rechazo mayoritario al proyecto.
Respecto a la medida cautelar, Petrobras solicita su levantamiento argumentando que el Defensor del Pueblo no acreditó daño ambiental real ni inminente y que sus elementos probatorios se limitan a informes propios y referencias periodísticas. En caso de que la medida se mantenga, la empresa exige contracautela que cubra costos operativos, salarios, depreciación de maquinaria y privación de ingresos al Estado boliviano.
La Vicepresidencia remite la documentación legislativa
El 11 de febrero, el Vicepresidente Constitucional Edmand Lara Montaño se apersonó ante el juzgado para dar cumplimiento al punto 10 del Auto Interlocutorio N°06/2026 y remitió en fotocopias legalizadas la Ley 1049, la Resolución Camaral N°01/2018-2019, los informes de la Comisión de Economía Plural y el Contrato de Servicios Petroleros suscrito entre YPFB, Petrobras y YPFB Chaco. El auto del 19 de febrero tuvo ese cumplimiento por válido y ordenó arrimar la documentación a los antecedentes del proceso.
Lo que el expediente aún no ha resuelto
El auto del 19 de febrero tiene alcance procesal, no sustantivo. La Acción Ambiental Precautoria promovida por el Defensor del Pueblo Pedro Callisaya solicita, además de la suspensión del proyecto, la realización de una nueva consulta pública bajo estándares internacionales, un informe sobre la idoneidad de la consulta de 2025, una revisión de la categorización ambiental y un informe del INRA sobre el estado de los predios involucrados. Varios de esos informes —ordenados al Ministerio de Hidrocarburos, al Ministerio de Medio Ambiente, al SERNAP y a la Fiscalía de Entre Ríos— no habrían llegado al juzgado en los plazos fijados, según denuncia el Comité de Defensa de Tariquía. La audiencia pública prevista para el 13 de febrero fue postergada sin fecha definida.
La defensora Nelly Coca señaló que, al vencimiento de la pausa, si no existe resolución favorable, las comunidades retomarán la vigilia y exigirán la anulación de los contratos. El Comité de Defensa advierte que el conflicto excede al Domo Oso X-3 e involucra a toda la reserva, incluyendo el campo Churumas, donde ya opera actividad petrolera y donde se proyectan nuevas perforaciones en 2026 y 2027.
El conflicto en torno a Tariquía se extiende desde 2018. El Domo Oso X-3 es el tercer pozo de la secuencia exploratoria en el área; en las dos tentativas anteriores —X1 y X2— las comunidades lograron detener el ingreso de las empresas. El 6 de enero de 2026, un convoy de 13 vehículos escoltado por 40 efectivos policiales superó el punto de vigilia en Quebrada Las Vacas y permitió el acceso al área. Ese hecho desencadenó la acción judicial que ahora está en curso.
Fuente: El País.bo