Permanencia obligatoria de seis meses o un año; pena de 30 años de presidio y la prohibición del ejercicio público, son algunas de las propuestas
Fuente: El Deber
La comisión de Justicia Plural debía iniciar este martes el tratamiento del proyecto de ley que modifica la ley 1352 de permanencia obligatoria en el Estado de todas las exautoridades; los legisladores quieren ampliar a seis meses o un año el tiempo que deben quedarse en el país todas las autoridades que hubieran hecho dejación del cargo, sin embargo, la reunión fue postergada.
“Tenemos que ponernos de acuerdo en eso, unos dicen seis meses, otros están sugiriendo un año, hay que hacer las consultas sobre el alcance legal de las disposiciones y eso es lo que tenemos que debatir”, dijo el diputado Ricardo Rada Zeballos (PDC).
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En agosto de 2020 la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó la ley “de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas” y la presidenta, Jeanine Áñez se negó a promulgar. Una vez que Luis Arce ganó las elecciones, la ley fue publicada el 20 de diciembre de 2020 y se aplicó contra las exautoridades.
Esta ley obliga a todas las exautoridades a permanecer en territorio nacional un máximo de 3 meses para que se produzca una transición responsable y rendir informes de ser necesario sobre su administración. Está dirigida contra presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, gobernadores, alcaldes y concejales que hubieran dejado su cargo.
Ahora el oficialismo pretende ampliar ese plazo a 6 meses o un año, dependiendo del debate que se instale en la comisión de Justicia Plural. Pero la directiva de esa instancia decidió postergar su sesión para el miércoles y tratar la misma agenda.
El otro punto, que explicó el diputado Rada se refiere a la penalización, el proyecto plantea que aquellas personas que sean encontradas culpables de delitos de corrupción pública tengan una pena de 30 años de prisión y la inhabilitación perpetua del ejercicio público, es decir que no podrán volver a ser autoridades electas o designadas.