Por: Teresa Gutiérrez Vargas
“Maestro, corra despacio… porque tengo prisa por vivir” es el ruego silencioso de pasajeros al subir a un micro en la capital cruceña. En menos de seis meses, Santa Cruz de la Sierra volvió a vestirse de luto por hechos viales que no deberían repetirse.
No fueron “fatalidades inevitables”, sino consecuencias de un sistema de transporte público que sigue operando con controles débiles y responsabilidades diluidas. La señora Felicia Bravo de 74 años, salía de rezar en la Iglesia San Andrés y Sebastián Vespa Montero, de 21, quien salió con la rutina normal de un joven universitario que iba a rendir un examen. . Lo peor en el caso de Sebastián fue que el conductor era reincidente, según confirmó Tránsito. ¿Cuántas denuncias previas ignoradas? ¿Cuántas licencias no suspendidas? Este no fue un “accidente”; fue un homicidio vial por negligencia criminal.
Dos generaciones distintas, dos momentos cotidianos, dos vidas truncadas por la imprudencia y la falta de prevención de un chofer de micro. A esto se suma el horror ocurrido en abril del 2025, donde, entre el séptimo y octavo anillo, de la avenida Cristo Redentor, otro micro fue protagonista al arrancar de golpe, subirse a la acera y atropellar violentamente a un niño que bajaba acompañado de hermanos.
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Afortunadamente, el menor resultó ileso o con heridas leves, pero el susto y el riesgo fueron inmensos.
Detrás de cada cifra hay una historia de alguien que no llegó a casa. En 2024, según la aseguradora UniVida, 26.299 personas sufrieron accidentes de tránsito en Bolivia, y casi la mitad de esos hechos ocurrieron en Santa Cruz.
No son solo estadísticas: son familias esperando en emergencias, llamadas que nadie quiere recibir y rutinas que se rompieron en segundos. Y aunque muchas de estas tragedias involucran motos y vehículos particulares, el transporte público también forma parte de este dolor cotidiano. Lejos de mejorar, la situación sigue empeorando. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron más de 9.700 hechos viales en el país, y Santa Cruz encabezó la lista de heridos, concentrando en algunos reportes cerca del 40% del total nacional.
No es mala suerte. Es el resultado de un sistema que falla en prevenir, en controlar y en cuidar la vida de quienes cada día salen a trabajar, estudiar o simplemente cruzar la calle. El transporte público cruceño, lejos de ser una solución para el usuario, se ha convertido en parte medular del problema.
Es un servicio deficiente, desordenado y poco digno para el pasajero, que muchas veces sale cansado de su trabajo o de sus clases y debe enfrentarse a un caos vehicular crónico, sin planificación ni soluciones estructurales a la vista. Y no solo deberíamos quejarnos de la velocidad, sino del maltrato a pasajeros. Choferes que gritan, humillan, dejan a la gente en medio de la nada si no pagan “extra”, o los obligan a bajar. La gente se queja constantemente de abuso verbal, hacinamiento sin ventilación y hasta agresiones físicas.
Y ahora, en pleno 2026, el sector del transporte presiona por subir la tarifa a Bs 4 o más, argumentando costos de combustible, repuestos y salarios. ¡Ja! ¿Subir para qué? ¿Para seguir manejando como locos, maltratando gente y matando peatones? Pero la realidad actual es un insulto.
Los micros siguen volando a más de 80-90 km/h en avenidas, pese a que la Ley Autonómica Municipal de Movilidad Urbana Integral, Sostenible y Segura (GAMSCS N° 1216)de 2019 y su reglamento en su artículo 16, deja clarito los límites de velocidad: máximo 50-60 km/h en vías primarias (anillos y radiales), 40 km/h en secundarias, 30 km/h en terciarias y vecinales, y solo 20 km/h en zonas escolares, hospitalarias o parques. Sin embargo, los accidentes por exceso de velocidad siguen siendo el pan de cada día. Peatones atropellados, estudiantes muertos, motos destrozadas… y el conductor “no vio” o “se le fue el control”. ¿Dónde está la fiscalización diaria? ¿Dónde los radares, los controles sorpresa y las suspensiones de licencia por reincidencia?
Que un chofer con antecedentes pueda volver a estar frente al volante y luego cause una muerte, demuestra la urgencia de leyes más estrictas, controles más rigurosos y sanciones efectivas. Hoy en día las familias claman justicia y cambios. Es urgente que las autoridades municipales y fiscalizadores legislativos respondan con acciones concretas y no con discursos, menos ahora que están en campaña por el sillón municipal.
Los dueños de micro deberían incluir en sus costos un seguro de vida contra terceros o una póliza robusta de responsabilidad civil, porque los micreros operan como si la vida ajena no valiera nada. La vida de las personas, sean jóvenes, adultos o niños, debe prevalecer sobre la impunidad y la inacción.
¡Basta de contar muertos! La prisa mata; la prudencia salva vidas. Que la voluntad política despierte antes de la próxima tragedia. Porque si no, cada micro que salga de su parada será cómplice de un luto evitable.