El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, afirmó que las pesquisas ya no se limitarán al sector hidrocarburos y apuntan a “negocios en el mal sentido” con recursos del Estado. El Parlamento puso a disposición auditores y documentación oficial.
Fuente: El Deber
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, afirmó este martes que la denominada Comisión de la Verdad, creada para investigar presuntos hechos de corrupción, ampliará su trabajo en las denuncias sobre presunto sobreprecios en la importación de combustible y ante la aparición de indicios de irregularidades en otras áreas del Estado.
En conferencia de prensa, Ávila señaló que las primeras indagaciones están revelando cómo, en el pasado reciente, se habrían realizado “negocios en el mal sentido” con recursos públicos, con el objetivo de obtener ganancias “a cualquier costo”, en perjuicio del Estado boliviano.
Según explicó, la comisión cuenta con expertos en distintas áreas y tendrá acceso a auditores y documentación oficial del Parlamento, con el fin de que las investigaciones se realicen “a fondo” y permitan esclarecer responsabilidades.
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El titular del Senado descartó la conformación de múltiples comisiones paralelas para investigar los presuntos hechos de corrupción y defendió la necesidad de fortalecer una sola instancia con capacidad técnica suficiente.
“La idea es tener una comisión fuerte que se constituya en el instrumento para develar todos aquellos aspectos en las distintas áreas donde se han producido estos actos”, sostuvo.
Ávila reiteró que el objetivo es esclarecer el uso de los recursos públicos y sentar responsabilidades sobre eventuales actos de corrupción cometidos en la administración pasada.
Denuncia
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, denunció este martes un presunto sobreprecio de alrededor de 12 millones de dólares en la importación de combustibles al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y pidió que se investigue a los responsables y se asuman medidas inmediatas.
Según la legisladora, existen indicios que apuntan a irregularidades en los contratos, entre ellos las fechas de suscripción, la selección de proveedores y las condiciones bajo las cuales se realizaron las operaciones. Afirmó que estos cuestionamientos fueron planteados formalmente a través de solicitudes de información dirigidas a distintas instancias del Ejecutivo.
Patiño indicó que los pedidos de informe fueron remitidos, entre otros, al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a fin de que se expliquen los procesos administrativos y contractuales vinculados a la importación de combustibles.