El viceministro Yamil García explicó que la detención preventiva del alcalde cruceño por 100 días no implica culpabilidad, sino que busca garantizar la investigación por presuntas irregularidades en proyectos de pavimento.
Stefany Beatriz Guzmán Nuñez
Fuente: Red Uno/Que no me pierda
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, ofreció este jueves detalles sobre la detención preventiva de Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, quien fue enviado al penal de Palmasola por un plazo inicial de 100 días mientras se realiza la investigación por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
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García explicó que la medida cautelar no implica culpabilidad, sino que busca asegurar el normal desarrollo de las diligencias judiciales.
“El plazo de 100 días puede variar, puede ser menor o mayor, dependiendo de cómo se desarrollen las investigaciones y las citaciones de los involucrados”, indicó. Además, aclaró que la solicitud inicial del Ministerio Público fue de 180 días, pero la juez número 14 del Tribunal Departamental de Justicia determinó un plazo razonable de 100 días.
El viceministro destacó que la investigación se fundamenta en un informe de la Contraloría General del Estado, que verificó siete proyectos de pavimento urbano en los que se registraron discrepancias entre lo planificado, lo certificado y lo efectivamente ejecutado.
“La base de la investigación es objetiva y técnica, no subjetiva. Se están realizando pericias en ingeniería civil y se citan a todos los actores involucrados, desde técnicos hasta empresas constructoras”, señaló García.
Respecto a la responsabilidad del alcalde, el viceministro recordó que la ley establece que toda máxima autoridad ejecutiva es responsable desde la contratación hasta la recepción final de los proyectos, por lo que Fernández figura como imputado junto al secretario de Obras Públicas.
“Si existen órdenes de cambio o modificaciones en obra, estas deben reflejarse en las actas de recepción y en los pagos correspondientes. Lo que no puede suceder es que se certifique un número y en obra haya otro inferior”, enfatizó.
Sobre el proceso de apelación, García indicó que Fernández tiene derecho a presentar recursos, y que el plazo de 100 días podría modificarse según la decisión del tribunal de alzada. Asimismo, recordó que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz actúa como víctima en el proceso, mientras que el viceministerio cumple el rol de coadyuvante.
Finalmente, el viceministro señaló que este caso no es único en el país y que existen otros 62 procesos en curso contra máximas autoridades ejecutivas, cumpliendo así con la normativa establecida por la Ley 974 sobre responsabilidad administrativa y penal en el manejo de recursos públicos.