El fiscal departamental Alberto Zeballos se refirió al caso ‘Pavimento’ que implica al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández.
Fuente: eldeber.com.bo
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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz descartó de manera categórica cualquier motivación política en el proceso penal iniciado contra el alcalde cruceño Jhonny Fernández, cuya imputación formal y audiencia de medidas cautelares se sustentan en un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado y en elementos objetivos recolectados durante la fase investigativa.
En entrevista con el programa Otra Noche con Sissi de EL DEBER, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, explicó que el caso se origina en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el exconcejal Carlos Manuel Saavedra, por delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros hechos vinculados a corrupción en la ejecución de obras municipales.
Según Zeballos, la denuncia incluye un informe de auditoría operacional que observó la ejecución de 16 proyectos de pavimento rígido, que en conjunto comprenden aproximadamente 102 kilómetros de infraestructura vial. El documento señala presuntas irregularidades en la administración pública y una baja eficacia en la ejecución del Plan Operativo Anual del Gobierno Municipal de Santa Cruz durante la gestión 2023.
“El informe de la Contraloría establece que la ejecución de las obras apenas alcanzó el 2,17%, lo que constituye un resultado negativo para la gestión municipal. Estos antecedentes, sumados a otros elementos de convicción recolectados en inspecciones oculares y registros realizados en la Secretaría de Obras Públicas, permitieron emitir la resolución fiscal de aprehensión”, sostuvo el fiscal.
Zeballos precisó que el alcalde hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio durante su declaración informativa policial y que, posteriormente, la Fiscalía formalizó la imputación conforme a lo establecido en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. La audiencia de medidas cautelares fue programada para este jueves a las 13:30, instancia en la que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva por un plazo de hasta 180 días.
El fiscal departamental enfatizó que la investigación no se limita a verificar la ejecución de las obras, sino que incluye pericias especializadas, como una auditoría financiera forense para determinar un posible daño económico al Estado y una pericia técnica en ingeniería civil para evaluar volúmenes de obra, calidad, durabilidad y condiciones de seguridad estructural.
Frente a los cuestionamientos por el contexto electoral en el que se desarrolla el caso, Zeballos fue enfático al señalar que la Fiscalía actúa con independencia. “La Ley 004, modificada por la Ley 1390, no reconoce fuero ni privilegio alguno en hechos de corrupción. Todas las personas están sujetas a investigación cuando existen indicios racionales, independientemente de coyunturas políticas o electorales”, afirmó.
Añadió que el Ministerio Público es respetuoso del debido proceso y de la presunción de inocencia, pero que también tiene la obligación constitucional de investigar, sancionar y buscar la recuperación de posibles daños económicos ocasionados al Estado.
Asimismo, Zeballos anunció que se solicitarán informes sobre las otras denuncias presentadas contra Fernández para evaluar el estado de cada proceso y, si corresponde, emitir directrices para reencauzar o reactivar investigaciones. “Vamos a actuar con legalidad, objetividad y transparencia. No se tolerarán ni se encubrirán hechos de corrupción, vengan de donde vengan”, concluyó.