La violencia contra la mujer en el departamento es un 37% superior a la media nacional. Con 192 denuncias por cada 100.000 habitantes, ocupa el cuarto lugar en agresiones pese a tener menos del 5% de la población del país.
Una marcha de activistas en Tarija. Foto: El País
Fuente: El País
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se recuerda cada 8 de marzo, organizaciones defensoras de derechos levantaron la voz para advertir que en Tarija aún existen profundas deudas en materia de protección, justicia y políticas públicas destinadas a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
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Desde la Red Contra la Violencia hacia las Mujeres señalaron que, si bien la fecha representa un espacio de reivindicación y memoria, también evidencia las falencias estructurales que continúan afectando a miles de mujeres en el país. La organización demandó acciones urgentes del Estado para transformar la violencia y la desigualdad en condiciones reales de protección, dignidad y acceso a la justicia.
La representante de la Red Contra la Violencia, Ana María Torrico, alertó que Tarija atraviesa una crisis estructural de violencia que incluso desborda las estadísticas nacionales. Explicó que, pese a que el departamento representa menos del 5% de la población del país, ocupa el cuarto lugar en denuncias por violencia familiar, superando a regiones con mayor número de habitantes.
Según detalló, mientras el promedio nacional alcanza las 140 denuncias por cada 100.000 habitantes, en Tarija la tasa se eleva a 192, lo que refleja una incidencia significativamente mayor.
“Esto significa que vivimos en una zona roja donde la violencia se ensaña contra las mujeres con una velocidad 37% mayor que en el resto de Bolivia. Detrás de cada número hay una historia de miedo y abuso, y nuestras instituciones aún no responden con la fuerza para erradicar este flagelo”, sostuvo.
Torrico también expresó su preocupación por los casos de feminicidio y violencia extrema, especialmente en regiones vulnerables como la triple frontera. Señaló que hechos registrados en Villa Montes muestran que mujeres y niñas continúan expuestas a altos niveles de violencia machista, lo que obliga a redoblar esfuerzos de prevención y protección.
En ese contexto, la representante de la Red cuestionó el uso político de la fecha por parte de candidatos y partidos en un año electoral. Afirmó que el 8 de marzo es una jornada de lucha y memoria, y no debe convertirse en un escenario de campaña.
Asimismo, ratificó la defensa de la Ley 348, normativa que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Desde la organización advirtieron que no aceptarán retrocesos ni interpretaciones que debiliten su objetivo principal de proteger a las víctimas.
Torrico enfatizó que los elevados índices de violencia demuestran que el problema no radica en la ley, sino en su aplicación. En ese sentido, pidió mayor asignación de recursos, capacitación para operadores de justicia y una verdadera voluntad política para hacer cumplir la normativa.
A estas preocupaciones se sumó Carolina Ortiz, exdirectora del ECAM, quien advirtió que uno de los desafíos pendientes es evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes que denuncian violencia sexual.
Explicó que existe un protocolo de atención que establece lineamientos para proteger a las víctimas y garantizar que su testimonio sea recogido de manera adecuada. En ese marco, destacó la importancia de las Cámaras Gesell, espacios diseñados para tomar declaraciones sin exponer nuevamente a las víctimas.
Sin embargo, señaló que, pese a las millonarias inversiones realizadas por algunos municipios con recursos propios y apoyo de organizaciones no gubernamentales, varias de estas infraestructuras no se encuentran en funcionamiento. Mencionó el caso de Bermejo, donde de las dos Cámaras Gesell construidas actualmente ninguna está operativa.