Un reto para las ciencias políticas radica en que carecen de un equivalente al sistema de clasificación jerárquica de especies. No existe una escala consensuada de modernidad y solo encontramos una coherencia muy imperfecta entre el progreso en el desarrollo económico, la buena gobernanza, la libertad y la felicidad humana. El tipo de evidencia que podemos reunir en las ciencias sociales suele ser insuficiente para demostrar nuestras teorías más ambiciosas. Afortunadamente, hay estudios que nos ayudan a explicar la evolución del orden político a partir de tres “instituciones”: el Estado, el Estado de derecho y los mecanismos de rendición de cuentas. Estas pueden entenderse mejor como tres equilibrios que una sociedad aspira a alcanzar. El primero implica el control centralizado de la violencia por parte del Estado; el segundo requiere el establecimiento de una ley objetiva que obligue efectivamente a los gobernantes y que estos no puedan modificar arbitrariamente para adaptarla a sus intereses; y el tercero, la rendición de cuentas democrática, que es el desarrollo de una ciudadanía universal moderna mediante la cual todos los grupos, no solo las élites, tienen voz en la toma de decisiones y el control. Para que las tres sean sostenibles, el desarrollo económico es indispensable.
En la teoría del realismo político, ya ha pasado de moda el sueño de algunos desubicados que han querido instalar en la comunidad el convertir al país en una Dinamarca o una Suiza, y nos advierte que estamos ante la disyuntiva de si debemos confiar o no en las nuevas autoridades elegidas que traen consigo oro, incienso y mirra como regalo, o dicho de otra manera, desarrollo económico que debe producir desarrollo social, que a su vez produzca desarrollo político y el papel propositivo de la clase media como factor imprescindible en la modernización de la sociedad. Ese es el realismo del desarrollo, porque no todas las vías de desarrollo conducen con éxito a sociedades estables y prósperas ni necesariamente resultan en finales felices. No hay fin de la historia porque no hay fin para la naturaleza humana. Así pues, la decadencia, al igual que el progreso, es también una característica perenne de la historia humana, donde las exigencias impuestas superan la capacidad de respuesta de los gobernantes.
La importancia radica en las relaciones de las instituciones, tanto formales como informales y las reglas del juego con las organizaciones, grupos de individuos involucrados en una actividad con propósitos. Sin embargo, considerar los gobiernos subnacionales como una organización que ha crecido desproporcionadamente y no como una institución presenta ciertas ventajas, pues facilita la explicación del por qué sus estructuras dan lugar a niveles de desempeño buenos o malos en diversos contextos que abarca tanto al territorio como a la sociedad y que estos se influyen mutuamente. Además, dada la afirmación de que el patrimonialismo es inherente a la naturaleza humana, resulta lógico pensar que toda organización comienza siendo patrimonial; la autonomía del Estado respecto de los intereses privados crecerá a medida que los «propietarios» (políticos) de la organización quieran o no incluir a todos los ciudadanos del Estado. Por lo tanto, la sociedad debe desarrollar controles suficientes para evitar que cualquier persona o grupo en particular utilice la gobernación o la alcaldía para obtener ventaja privada mediante clientelismo, nepotismo u otras “razones”. De ese tamaño es el desafío de los nuevos gobiernos departamentales y municipales: voz y rendición de cuentas; estabilidad política y ausencia de violencia; eficacia gubernativa; calidad regulatoria; Estado de derecho y control de la corrupción. Los gobernantes que están por encima de la ley y manipulen la calidad regulatoria para asegurar el monopolio del poder y utilicen la discreción administrativa para hacerse de los beneficios, harán que la gobernanza sólo sea un concepto y en consecuencia un gobierno débil. En cambio, se espera que los gobernantes limitados por sus sociedades promulguen leyes más universalistas, gobiernen con mayor transparencia y en interés de un público más amplio y por lo tanto logren asignar los recursos de manera más satisfactoria.
El crecimiento económico puede coexistir con cierto grado de corrupción, pero nunca con la corrupción sistemática, la corrupción como orden de gobierno. La capacidad del gobierno, en el nivel que sea, para prestar servicios es consecuencia de la calidad institucional, esto se puede demostrar midiendo el particularismo de los resultados en lugar de los procedimientos, por ejemplo, qué porcentaje de los fondos para obras se destina a una localidad donde no ha ganado en las elecciones, o qué porcentaje de los contratos de obras públicas se adjudica a empresas con conexiones personales o políticas.
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Para Rodrigo Paz desde el gobierno central la política alternativa como posible solución ofrece una excelente lección de realismo político: reunir a los detentadores del poder regional o local y llegar a acuerdos con ellos probablemente dará como resultado un orden mucho más estable que el intento de ofrecer demagogia, acciones fuera de su estilo local y otros mecanismos democráticos carentes de sustancia real y, por lo tanto, ineficaces. Otro reto en la transformación del país.
Mgr. Fernando Berríos Ayala / Politólogo