Fuente: ANF
El Estado boliviano adeuda un total de 477,9 millones de dólares por laudos arbitrales y comerciales que perdió en estrados internacionales, informó el procurador general del Estado, Hugo León La Faye.
“Quiero revelar el informe del subprocurador, hemos heredado una deuda de aproximadamente 444.638.000 dólares americanos por arbitrajes de inversión y una deuda de más de 33.298.000 por arbitrajes comerciales. ¿De dónde sale esta deuda? Obviamente de gestiones del ejecutivo que han sido incorrectamente llevadas adelante”, explicó la autoridad, en alusión a gestiones pasadas.
Los datos fueron brindados durante la Rendición Pública de Cuentas Final 2025 realizada de forma virtual.
El procurador dijo que de los 28 arbitrajes internacionales que enfrentó el Estado, solo ganó dos. Consideró que esa situación se debe a las malas decisiones que asumió el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al momento de interrumpir los contratos con empresas internacionales.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Al respecto, el subprocurador de Defensa Legal, Roger Longaric, señaló qu el gobierno de Luis Arce dejó cinco arbitrajes comerciales activos y uno de ellos se encuentra en la etapa final de cumplimiento del dictamen, mientras que cuatro procesos se encuentran en la fase de presentación de pruebas.
A la vez, indicó que se intervino de forma directa en tres laudos y se dejó de lado la contratación de un bufete de abogados internaciones con el objetivo de ahorrar gastos al Tesoro General del Estado (TGN).
Con relación a los arbitrajes de inversión, Longaric afirmó que existen tres casos: uno de ellos se encuentra a la espera que se dicte el fallo y dos fueron impugnados con el objetivo de revertir una sentencia contra el país.
En ese sentido, indicó que se está desarrollando una estrategia de blindaje jurídico y de defensa del Estado ante los fallos desfavorables que se dictaron en anteriores administraciones.
Deudas a abogados extranjeros
Sobre el funcionamiento de la Procuraduría, León La Faye denunció que hubo una desinstitucionalización porque la institución no cumplió con su rol de velar por los intereses del Estado, sino que primaron las decisiones políticas.
“Cada vez estamos más convencidos que la anterior gestión fue de papel, totalmente burocrática y nuestro reto es construir una gestión con resultados”, añadió.
Longaric indicó que se heredó una deuda total de 2,5 millones de dólares con estudios jurídicos extranjeros, peritos y centros de arbitraje que data desde 2023. Hasta el 13 de marzo de este año se pagó 1,9 millones de dólares.
/EUA/JA