El debate sobre la Ley General del Trabajo revela algo más profundo que un conflicto laboral: una disputa entre el país que fuimos y el que podemos ser.
Por Giovana Abigail Parisaca Paco
El 24 de marzo de 2026, el ampliado de la COB rechazó de forma contundente cualquier modificación a la Ley General del Trabajo y anunció movilizaciones nacionales. Bolivia vuelve a estar en el mismo punto de siempre.
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Cuando el presidente Rodrigo Paz se paró frente a los dirigentes de la Central Obrera de Cochabamba en febrero y les dijo que había que modernizar la Ley General del Trabajo, no les estaba anunciando una traición. Les estaba mostrando un espejo.
Esa ley tiene 87 años. Fue redactada en 1939, cuando no existía el teletrabajo, la economía digital, ni los emprendimientos unipersonales. Bolivia era otro país, con otra economía y otros problemas. Y, sin embargo, la COB respondió declarándose en emergencia nacional, anunciando marchas y usando las mismas palabras de siempre: “conquistas logradas con sangre”, “intereses empresariales”, “derechos del proletariado”.
Los números lo dicen todo:
- El 85% de los bolivianos trabaja en la informalidad, sin seguro de salud, sin AFP, sin
- Solo el 15% trabaja formalmente, y esa cifra sigue bajando cada año.
Esos números los dio el propio presidente Paz. Y son el núcleo del problema: la ley que supuestamente protege a los trabajadores bolivianos, en la práctica, solo protege a una minoría. El 85% restante trabaja sin derechos, no porque no quieran ser formales, sino porque, como dijo Paz, ser formal en Bolivia es caro.
“La Ley del Trabajo hay que defenderla, pero hay que modernizarla. No podemos seguir trabajando con algo que tiene más de 100 años.”
Presidente Rodrigo Paz, febrero de 2026
¿Qué es lo que realmente se defiende?
La pregunta legítima es: ¿qué cambiaría exactamente? Hasta ahora, el gobierno no ha eliminado ningún derecho. Ha propuesto abrir un diálogo entre trabajadores, empresarios y Estado para actualizar la norma a la realidad actual. Eso no es una amenaza a los derechos laborales. Es reconocer que una ley de 1939 no contempla, por ejemplo, los derechos de un repartidor de delivery que trabaja desde su celular.
La COB, en cambio, rechazó ese diálogo de forma contundente antes de que comenzara. Su ejecutivo declaró que la propuesta responde a “intereses empresariales”. Pero vale preguntarse:
¿a qué intereses responde mantener una ley que deja al 85% de los bolivianos sin protección?
La trampa del discurso histórico
Decir que los derechos laborales fueron conquistados “con sangre” es verdad. Nadie lo niega. Pero usar esa historia para bloquear cualquier conversación sobre el presente es convertir una conquista del pasado en una cadena del futuro.
La modernización propuesta no borra esa historia. La actualiza. Y si la COB tiene razones técnicas para oponerse a cambios específicos, que las presente en la mesa de diálogo. Lo que no puede hacer, y lo que lamentablemente está haciendo, es cerrar la puerta antes de escuchar, y luego salir a las calles como si el país entero respaldara esa postura.
Lo que Bolivia necesita
Bolivia no está sola en este debate. El 27 de febrero de 2026, Argentina aprobó su propia Ley de Modernización Laboral, con objetivos similares: reducir la informalidad, incentivar la contratación formal y adaptar las reglas laborales al siglo XXI. El debate fue igual de intenso, con sindicatos en las calles y argumentos casi idénticos a los que hoy usa la COB. La diferencia es que Argentina lo resolvió. Bolivia todavía no se anima a sentarse a dialogar.
Bolivia necesita que más personas puedan trabajar con derechos. Eso solo ocurre si la formalidad deja de ser un privilegio caro y se convierte en algo accesible para una PYME, para un emprendedor joven, para alguien que quiere crecer sin hacerlo en la sombra.
Modernizar la Ley General del Trabajo no es traicionar a los trabajadores. Es, precisamente, incluir a los millones que hoy esa ley ignora.