Mediante una declaración jurada presentada ante Notario de Fe Pública, la denunciante confirmó la autenticidad de su denuncia y de su firma, desmintiendo las versiones difundidas por dirigentes de CDC que intentaron desacreditar el documento y poner en duda la identidad de la persona que presentó la recusación.
La controversia en torno al proceso de inhabilitación del ex prefecto de Tarija, Mario Cossío, suma un nuevo capítulo luego de que una ciudadana denunció amenazas y persecución tras haber presentado una recusación contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), Gustavo Ávila.
La ciudadana identificada como C.S.C. presentó el pasado 13 de febrero una recusación contra Ávila en el marco del proceso que analiza la situación electoral de Cossío. Sin embargo, tras esta acción —según afirma— comenzó a ser objeto de hostigamiento y presiones por parte de dirigentes del partido Camino Democrático al Cambio (CDC), agrupación vinculada al ex prefecto tarijeño.
Mediante una declaración jurada presentada ante Notario de Fe Pública, la denunciante confirmó la autenticidad de su denuncia y de su firma, desmintiendo las versiones difundidas por dirigentes de CDC que intentaron desacreditar el documento y poner en duda la identidad de la persona que presentó la recusación.
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“Desde que presenté la recusación se inició una persecución en mi contra, con amenazas incluso hacia mi familia”, señala el documento notariado, en el que la ciudadana advierte que el hostigamiento se ha manifestado tanto en redes sociales como en declaraciones públicas difundidas en medios de comunicación.
La denunciante sostiene que las versiones que intentaron descalificar su acción legal constituyen una falsedad y que, por el contrario, la documentación presentada demuestra que su denuncia es legítima, lo que evidenciaría que los dirigentes políticos que la cuestionaron mintieron para desacreditar el recurso presentado ante el órgano electoral.
Ante esta situación, C.S.C. solicitó a las autoridades competentes garantizar su seguridad y la de su familia, además de realizar seguimiento a las amenazas y actos de acoso que —según afirma— se produjeron después de su acción legal contra el titular del TSE.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la situación jurídica y política de Mario Cossío, mientras se incrementa la tensión entre sectores políticos y ciudadanos involucrados en el proceso ante el máximo órgano electoral del país.