La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegida (Contiocap) alertó el intento de sentenciar a 30 años de prisión a Julio Lero, indígena tsiman. Sin una investigación imparcial y técnica, por lo que piden que se detenga la audiencia de inicio de juicio oral.
Fuente: ANF
La Contiocap pidió al Ministerio Público que inicie una “auditoría técnica” a la investigación de este caso y que “detenga con carácter de urgencia” la audiencia de inicio de juicio oral en contra de Julio Lero, acusado por el presunto asesinato de Francisco Marupa.
Alertó que se intenta “sentenciar a 30 años de cárcel al hermano Julio Lero Sánchez, sin haber cumplido con la debida investigación imparcial y técnica para determinar su responsabilidad o no en este caso”.
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En febrero de 2025, Francisco Marupa, un indígena leco de la comunidad de Torewa Indígena, fue hallado muerto cerca de su vivienda. Murió debido a un golpe en la cabeza. Algunos comunarios y familiares acusaron a Lero, sin evidencia de que estuvo en el lugar del crimen.
Desde hace poco más de un año, Lero está encarcelado con detención preventiva. La Fiscalía presentó formalmente la acusación muy semejante a la imputación, sin mayores elementos investigativos para establecer la responsabilidad material del acusado.
“Lamentablemente, el trabajo de la justicia en este caso es deplorable y vergonzoso, porque desde el principio se ha violado el derecho a la presunción de inocencia del hermano Julio Lero Sánchez, considerando que una turba de personas civiles lo detuvieron en su casa”, dice el pronunciamiento de la Contiocap.
Cuestionaron que Lero haya sido interrogado por comunarios civiles en el que presumiblemente se “autoinculpó” del asesinato. “Estas supuestas declaraciones, se obtenían conociendo que Julio Lero, no habla bien español, por lo que ante la ausencia plena de comprensión del lenguaje y la coacción ejercida por los civiles que lo detuvieron, es evidente que se ha inducido a Julio Lero a inculparse de un delito, y después de un año existen más dudas sobre que sea responsable de algún delito”.
“Le recordamos a la justicia ordinaria, que la autoinculpación no es suficiente para condenar a un acusado. Y mucho menos si la autoinculpación es obtenida con claros vicios de nulidad por la falta de pericia en el proceso de obtenerla”, sostiene la Contiocap.
La organización pidió a la Defensoría del Pueblo y a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, que intervenga en el marco de sus deberes y facultades porque de no hacerlo conociendo y demandando una investigación penal “serán corresponsables de una injusticia, en un sistema que sentencia como culpables a miembros de pueblos indígenas por el solo hecho de ser indígenas, y no basado en pruebas, consumándose un acto de discriminación y racismo”.
La Agencia de Noticias Fides ha publicado un reportaje sobre el caso Lero, en el que muestra la falta de pruebas en la acusación y la débil investigación del Ministerio Público.
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