La empresa Indueste es observada por dos contratos para la entrega de aceite de soya. Son 14 personas las investigadas.
El presidente de YPFB, Yussef Akly, en conferencia de prensa / Foto: Fuad Landívar
Fuente: El Deber
Los dos contratos para la compra de aceite de soya que habrían ocasionado un daño económico de Bs 1.000 millones era conocido por “las máximas instancias” de la anterior gestión en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), indicó el actual titular de la entidad estatal, Yussef Akly.
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“Esto (los dos contratos irregulares) se conoció a nivel de la máxima instancia (en YPFB), inclusive tanto la parte ejecutiva como la parte de los directorios de esta empresa, los cuales avalaron que se permita hacer esta salvedad en el tema de las garantías, viabilizando que se puedan dar adelante estos anticipos millonarios los cuales no han cumplido su objeto y, por ende, se ha presentado esta denuncia”, dijo Akly al ser entrevistado en el programa ‘ON – Otra Noche Con Sissi Añez’, que emite el Grupo EL DEBER.
Tras una auditoria, se pudo comprobar que hay un daño económico al país por un valor de Bs 1.000 millones, producto de dos contratos para la compra de aceite de soya, como parte del programa de biodiésel que la estatal petrolera llevaba adelante.
Desde YPFB Refinación se dio la voz de alarma al detectar que la firma de dos contratos con la empresa Indueste, encargada de la entrega de aceite de soya, era irregular, debido a que hicieron adelantos de dinero sin la garantía real de la entrega del producto.
Akly recordó que por este caso se presentó una denuncia contra los 14 involucrados. El titular de YPFB agregó que estas 14 personas ya no forman parte de estatal petrolera, pero continúan siendo investigadas.
“El que estén o no dentro de la empresa no impide que sean investigados. Nosotros de manera muy responsable estamos actuando con el Ministerio Público en presentar la información y los descargos que están siendo llevados adelante en esta investigación”.
Los puestos que ocupaban los investigados en YPFB Refinación eran cargos gerenciales, en tanto que en Indueste los indagados son representantes legales y socios de la misma.
Ellos son señalados por daño económico porque hubo “malversación de recursos” y manejo indebido por parte del personal administrativo y ejecutivo “al haber autorizado la disposición de estos recursos” sin las garantías que permitan que ese recurso tenía cobertura en el uso y el destino de estos fondos.
Finalmente, con respecto al proyecto del biodiésel manifestó que se está haciendo una revisión técnica y económica del mismo.
“Hemos visualizado que las premisas bajo las cuales se construyó este proyecto no eran lo suficientemente rentables en relación a lo que era avanzar con un programa de este tipo. Todo esto será expuesto tras el análisis que estamos haciendo a los negociados que estamos detectando tanto en YPFB Corporación y ahora en algunas de las subsidiarias”.