A raíz de los hechos de corrupción “normales” en los últimos tiempos y que hoy tiene a un expresidente, ministros, autoridades de empresas gubernamentales y muchos otros, sometidos a que la justicia, por fin, se haga cargo de recordarles que no existe impunidad ni mal que dure 100 años, el asunto “corrupción” es un desafío para nuestra democracia emergente. En los últimos años, la anticorrupción se ha convertido en una industria importante, los gastos globales crecen hasta un estimado de cien millones de dólares por año, pero hasta la fecha, pocos han sido los éxitos resultado de esta inversión. Cotidianamente hablamos más sobre la corrupción de lo que solíamos hacerlo y gastamos más dinero combatiéndola, pero hay pocas evidencias de que todas estas acciones estén logrando mucho. Transparencia International cita que en varios países hay intenciones de asumir leyes o instituciones más solventes, pero sus efectos aún no han sido medidos. El Banco Mundial sobre Anticorrupción discute implementar programas condicionadas a brindar apoyo y sostenimiento.
La corrupción política representa una amenaza seria para la democracia y su consolidación, la falta de éxito para frenar la corrupción, es una discusión cada vez más generalizada, ha vuelto a los políticos extremadamente cínicos y amenaza con socavar la confianza pública en las esferas de representación. ¿Por qué fallan tantas iniciativas anticorrupción? Al parecer es que muchas de estas decisiones fracasan porque son de naturaleza no política, mientras que la mayor parte de la corrupción en el país, es inherentemente política. La corrupción significa en realidad un modo de organización social caracterizado por la distribución irregular de bienes públicos que refleja una repartición viciosa del poder dentro de nuestra sociedad. Pocas campañas anticorrupción se atreven a atacar las raíces de la corrupción en una sociedad donde el egocentrismo político es la norma, se adoptan e implementan estrategias anticorrupción en consonancia con los mismos depredadores que controlan el gobierno y, en algunos casos, los propios instrumentos anticorrupción.
La corrupción se define como la “perversión o destrucción de la integridad en el desempeño de los deberes públicos por medio de sobornos y favoritismos.” Esta definición de corrupción se basa en la presunción de que el Estado opera bajo una norma universal y que la integridad pública se entiende como el trato igualitario de los ciudadanos, y que puede ser infringido ocasionalmente por favoritismos o faltas a la ley. Por lo tanto, la corrupción solo puede entenderse en conjunto con el estado de desarrollo de un Estado. La modernización del Estado y del gobierno se debe basar en la suposición de que los bienes públicos (desde la ley y el orden, hasta empleos en el sector público) serán distribuidos de manera equitativa y justa como norma. La gran pregunta es por qué la modernización y la democratización parecen traer más corrupción. Cómo termina nuestra sociedad regida por la conveniencia política particular, en lugar de la ley y donde sólo ciertos grupos monopolizan los poderes de dominación y las fuentes de ingresos. En otras palabras, cuanto más cerca esté un individuo de la fuente de poder, ya sea un líder o un grupo privilegiado, mejor posicionado estará para disfrutar de un estatus superior, y, por lo tanto, mayor propensión a la corrupción y a tener más influencia. Está demostrado que estos individuos que disfrutan de este privilegio están vinculados a grupos basados en el estatus político, castas, que tienen acceso mucho mayor a bienes públicos. Esa cultura de privilegio reina en nuestra sociedad basada en particularidades esencialmente políticas, haciendo que el trato desigual sea la norma aceptada en la sociedad, de allí que los individuos luchan por pertenecer al grupo privilegiado en lugar de cambiar las reglas del juego.
La influencia, no el dinero, es la principal moneda, y los beneficios para un individuo en cualquier parte de la cadena son difíciles de medir, los favores se distribuyen o se niegan como parte de un intercambio habitual con reglas propias. El soborno a menudo ocurre como un medio para eludir la desigualdad, para las muchas personas con estatus más bajo, sobornar a un funcionario puede ser la única forma de asegurar un trato igualitario. Nuestro objetivo es entender si la corrupción es la excepción o si es la norma. La influencia pública siempre es una moneda, pero ¿es la principal moneda? ¿Está el Estado y todo en él, desde oficinas hasta obras públicas, “privatizado” informalmente por grupos de estatus político y redes corruptas?
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
A menudo se dice que la corrupción es universal, que ha existido en todo momento y en cada sociedad, y que persistirá mientras la naturaleza humana no cambie. Esta visión diluye la crucial distinción entre la corrupción como un modo de organización social y la corrupción individual ocasional, que de hecho ahora se encuentra casi en todas partes. Mientras se muestre que el desarrollo político y económico no trae mejoras espectaculares en la naturaleza humana, es prueba de que el sistema no funciona y que los culpables deben ser atrapados independientemente de sus conexiones políticas.
Mgr. Fernando Berríos Ayala /Politólogo