La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este jueves (05.03.2026) responsable a Perú por la esterilización forzada y muerte de una campesina en 1997, una práctica que afectó a unas 300.000 mujeres en la década de 1990 durante el gobierno de Alberto Fujimori.
La Corte «declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte» de Celia Edith Ramos Durand, indica la sentencia leída por Rodrigo Mudrovitsch, presidente del tribunal, con sede en San José, Costa Rica.
Asimismo, el tribunal ordenó que el Estado avance con la investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Ramos Durand y, de ser necesario, procese y sancione a los responsables.
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Ramos Durand, quien falleció tras el procedimiento, habría recibido constantes visitas de profesionales de la salud con la finalidad de convencerla de someterse a una ligadura de trompas, según la denuncia presentada ante la justicia interamericana.
La mujer sufrió complicaciones médicas durante la operación, por lo que fue trasladada a una clínica de la ciudad de Piura, donde fue internada en estado de coma.
Su esposo presentó en la época una denuncia contra el personal médico que participó en la cirugía, pero el caso fue archivado. Desde entonces, el proceso penal se ha reabierto y archivado, al menos, en dos oportunidades.
«Crimen de lesa humanidad»
En 2024, un comité de la ONU aseguró que esta política de esterilización forzada podría constituir «un crimen de lesa humanidad» que vulneró de forma «sistemática» los derechos de más de 300.000 mujeres, principalmente campesinas e indígenas.
«Fueron esterilizadas forzosamente, en comparación con aproximadamente 25.000 hombres», añadió la comisión de la ONU.
Las víctimas aseguran que fueron engañadas o presionadas para someterse a las esterilizaciones en clínicas sin infraestructura adecuada ni personal capacitado. Incluso, algunas no sabían leer ni hablar español o no comprendían la naturaleza del procedimiento.
Estas intervenciones formaron parte de un programa de planificación familiar implementado por el fallecido expresidente Alberto Fujimori durante los últimos cuatro años de su mandato, que terminó en 2000 después de una década en el poder marcada por graves violaciones de derechos humanos y escándalos de corrupción.
jc (afp, efe)