El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, respaldó la necesidad de impulsar una reforma al sistema electoral para evitar la inhabilitación de candidatos en etapas cercanas a la jornada de votación, al considerar que esta práctica afecta no solo a los postulantes, sino también a la ciudadanía.
Fuente: ERBOL
La autoridad expresó su preocupación por este mecanismo, señalando que genera inseguridad y falta de certidumbre en el electorado, especialmente cuando las decisiones se adoptan a pocos días del proceso electoral.
Según explicó, estas determinaciones impactan directamente en la población que ya ha definido una preferencia política, alterando las condiciones de la competencia electoral.
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Como antecedente, recordó casos recientes como el del departamento de Pando, donde una organización política fue notificada apenas siete días antes de la elección, así como situaciones registradas en El Alto, con inhabilitaciones a solo cuatro días de la votación.
La Defensoría del Pueblo sostuvo que la democracia requiere condiciones de estabilidad, previsibilidad y confianza para su adecuado funcionamiento, por lo que instó a fortalecer estos principios en los procesos electorales.
En ese marco, señaló que tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional como el Órgano Electoral Plurinacional tienen la responsabilidad de garantizar procesos transparentes, promover la participación ciudadana y consolidar la confianza pública.
Asimismo, remarcó que un sistema democrático debe basarse en reglas claras, previsibles y transparentes, advirtiendo que las inhabilitaciones en etapas finales del proceso generan incertidumbre no solo sobre los resultados, sino también sobre las propias reglas del juego electoral.
La institución también observó que esta situación se agrava cuando no se brinda información clara, oportuna y suficiente sobre las razones que sustentan dichas decisiones, lo que afecta el derecho de la ciudadanía a estar informada.
En ese sentido, advirtió que las inhabilitaciones extemporáneas, sumadas a una comunicación deficiente, debilitan la credibilidad del proceso electoral, generan opacidad y afectan la percepción de imparcialidad del Órgano Electoral Plurinacional.
La Defensoría exhortó a las autoridades electorales a adoptar decisiones con criterios de oportunidad, transparencia y debida fundamentación, garantizando el acceso a información clara y accesible, además de fortalecer la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en resguardo del ejercicio pleno de los derechos políticos.
Fuente: ERBOL