La falta de personal especializado, deficiencias estructurales y prácticas indebidas por parte de algunos litigantes están profundizando el colapso del sistema judicial, según se expuso en la Mesa 2 de las Jornadas Nacionales de Descongestionamiento de Causas realizadas en La Paz.
Fuente: ANF
Durante su intervención, el jurista Orlando Arancibia Delgado advirtió que el problema no solo radica en la carga procesal, sino en fallas estructurales que impiden una gestión eficiente de los procesos constitucionales. La mesa, titulada “Simplificación procesal y conducción activa del proceso constitucional”, analizó mecanismos para aliviar la saturación sin afectar la tutela judicial efectiva.
Uno de los principales “cuellos de botella” identificados se encuentra en la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia donde se concentra el mayor volumen de causas. Sin embargo, Arancibia subrayó que el problema comienza en etapas previas, especialmente en los tribunales de garantías.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En ese nivel, se evidenció una preocupante falta de personal de apoyo especializado. Actualmente, funcionarios sin formación específica en materia constitucional deben asumir tareas clave, como la elaboración de actas de audiencia, lo que genera retrasos en la remisión de antecedentes al TCP. Esta sobrecarga administrativa impacta directamente en la celeridad de los procesos.
A ello se suman problemas logísticos, particularmente en el sistema de notificaciones. La carencia de oficiales de diligencias dedicados exclusivamente a materia constitucional obliga a depender de oficinas gestoras con múltiples funciones, lo que provoca dilaciones. La situación se agrava cuando las notificaciones deben realizarse entre departamentos, donde los trámites se vuelven aún más lentos.
Otro aspecto crítico señalado por Arancibia es la “mercantilización” de la justicia constitucional. Según explicó, algunos abogados hacen un uso abusivo de acciones tutelares, presentándolas de manera indiscriminada y contribuyendo a la saturación tanto en primera instancia como en el TCP. Esta práctica, afirmó, se ha convertido en una de las principales causas del congestionamiento.
Asimismo, se identificó la inactividad procesal de los propios accionantes como un factor que mantiene causas abiertas innecesariamente. En muchos casos, los demandantes impulsan acciones únicamente para obtener medidas cautelares favorables y luego abandonan el proceso, dejando pendientes notificaciones o requisitos formales.
La estructura de las salas constitucionales también fue objeto de observación. La falta de quórum, acefalías y la necesidad de convocar a vocales de otras áreas interrumpen la continuidad en la resolución de causas, afectando la eficiencia del sistema.
Frente a este panorama, la mesa propuso fortalecer la aplicación del artículo 53 del Código Procesal Constitucional, que regula las causales de improcedencia. Según Arancibia, un uso más riguroso de este mecanismo permitiría filtrar desde el inicio aquellas acciones que no cumplen los requisitos, reduciendo significativamente la carga procesal.
Las conclusiones del encuentro apuntan a la necesidad de una reforma integral que no solo incremente recursos humanos, sino que también corrija prácticas que distorsionan el funcionamiento de la justicia constitucional.
/FC/