A más de cuatro meses de gestión gubernamental, las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata denunciaron un escenario de estancamiento, falta de voluntad política y posibles actos de encubrimiento que, lejos de garantizar justicia y reparación, estarían profundizando su situación de vulnerabilidad.
Fuente: ANF
Representantes de las víctimas y defensores de derechos humanos en contacto con ANF coincidieron en que la respuesta estatal ha sido insuficiente, burocrática y, en algunos casos, revictimizante.
El activista y asesor jurídico David Inca sostuvo que la relación con el gobierno del presidente Rodrigo Paz se ha convertido en una “tranca” para el ejercicio de los derechos humanos. Según explicó, desde noviembre de 2025 hasta febrero de 2026 las víctimas enviaron notas mensuales solicitando atención formal, sin obtener respuestas concretas.
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“El silencio del Gobierno nos dice mucho. No hay voluntad de atendernos, y creemos que es por un tema ideológico”, afirmó.
Inca también cuestionó la seriedad de las instancias de diálogo promovidas por el Ejecutivo. En febrero, relató, se llevó a cabo una reunión con dos técnicos sin capacidad de decisión. “Nos preguntaban qué queríamos, cuando todo ya estaba detallado en documentos oficiales. No hubo ningún compromiso ni cronograma de trabajo”, señaló.
Uno de los principales puntos de conflicto es el incumplimiento del plazo legal para reglamentar la Ley de Reparación Integral, promulgada el 5 de noviembre. De acuerdo con Inca, el Ejecutivo ignoró el plazo de 30 días establecido para este proceso y, hasta la fecha, el Ministerio de la Presidencia no ha convocado a las víctimas para avanzar en su elaboración.
A esto se suman otros temas pendientes, como el cumplimiento de las 15 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el impulso al juicio de responsabilidades por los hechos de 2019.
“Hay una forma de encubrimiento e impunidad. Nos enteramos incluso que (la expresidenta) Jeanine Áñez está trabajando como docente en Estados Unidos sin que exista interés real en avanzar en el juicio”, denunció Inca.
Ante la falta de avances, el 7 de marzo de 2026 las víctimas presentaron una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el presidente y otras altas autoridades, acusándolos de vulnerar derechos fundamentales. Asimismo, no descartaron acudir a la Defensoría del Pueblo para impulsar una acción de cumplimiento contra el Estado.
En la misma línea, el representante de las víctimas de Sacaba, Leonardo Jora, describió la relación con el Gobierno como “muy mala” y marcada por la negligencia institucional. “No han movido ni un solo dedo para cumplir con las recomendaciones internacionales. Hemos enviado solicitudes de reunión y no hay respuesta”, afirmó.
Jora advirtió que la falta de reglamentación de la Ley de Reparación Integral es una señal clara de desinterés. Dijo que, sin reglamento, la ley no puede aplicarse. “Este silencio demuestra que no tienen intención de atendernos”, sostuvo. Además, expresó preocupación por la posibilidad de que la norma sea incluso derogada, debido a la mayoría legislativa del oficialismo.
El representante también denunció que las víctimas enfrentan una situación económica crítica. Relató el caso de Ambrosio Yucra, quien quedó gravemente herido por un impacto de bala y depende del trabajo informal de su esposa para subsistir. Además, dijo, hay viudas que están manteniendo a sus hijos a duras penas. “Tenían la esperanza de una reparación que nunca llegó”, lamentó.
Para Jora, la falta de atención también tiene un componente discriminatorio. “Somos sectores del campo y sentimos que no hay interés en reconocer lo que pasó en 2019”, indicó. Ante este panorama, aseguró que las víctimas están agotando las instancias nacionales para acudir a tribunales internacionales.
Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, alertó sobre un proceso de desgaste que favorece la impunidad. Coincidió en que no ha existido un diálogo real con el Gobierno y cuestionó que las reuniones sostenidas no hayan tenido resultados concretos.
“Ha habido demasiado manoseo político de este tema. Eso ha desgastado a las familias y ha afectado la credibilidad del proceso”, señaló Herrera. Asimismo, advirtió sobre un posible retroceso en los procesos penales, debido a la anulación de obrados y la devolución de casos a la Fiscalía General, lo que podría dilatar aún más la justicia.
Herrera también criticó que el enfoque gubernamental se limite a lo económico, dejando de lado la dimensión integral de los derechos humanos. “No se trata solo de indemnizaciones, sino de garantizar verdad, justicia y no repetición en casos donde hubo pérdida de vidas humanas”, enfatizó.
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