Fernando Untoja Ch.
En momentos de transición política, las sociedades se enfrentan a una tarea delicada: corregir el rumbo sin provocar parálisis institucional. Bolivia parece encontrarse hoy precisamente en ese umbral. Si un nuevo ciclo de gobierno pretende abrir la economía, atraer inversión y recuperar dinamismo productivo, no bastará con anunciar nuevas políticas. Será necesario algo más profundo: desmontar ciertos dispositivos institucionales que hoy funcionan como verdaderas camisas de fuerza.
Este no es un gesto ideológico ni un ajuste superficial. Es una necesidad lógica del propio funcionamiento de la economía.
Durante casi dos décadas, el modelo impulsado por el Movimiento al Socialismo bajo los gobiernos de Evo Morales y posteriormente Luis Arce consolidó una arquitectura jurídica orientada hacia un Estado empresario. Este modelo descansó en la expansión de empresas públicas, en la centralización de la planificación económica y en el control estatal de los sectores estratégicos. Mientras la renta de los recursos naturales fue abundante, esa estructura pudo sostenerse sin grandes tensiones. Pero cuando las condiciones externas cambiaron, comenzaron a aparecer sus límites.
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Hoy la economía boliviana enfrenta un desafío distinto: necesita capital, inversión y capacidad productiva. Y estas tres cosas requieren condiciones institucionales que faciliten la iniciativa económica.
Por esta razón, cualquier programa de reformas que impulse un gobierno de transición —como el que podría encabezar R. Paz— tendrá inevitablemente que abordar el problema institucional. De lo contrario, muchas de sus políticas podrían quedar atrapadas dentro de la misma estructura normativa que limita hoy el funcionamiento de la economía.
Para comprender este desafío conviene distinguir tres niveles de reforma.
El primer nivel es constitucional. La Constitución Política del Estado de Bolivia de 2009 redefinió el papel económico del Estado y estableció un marco en el que la intervención estatal ocupa un lugar central. Cualquier estrategia destinada a ampliar la participación del capital privado deberá necesariamente dialogar con ese marco.
El segundo nivel corresponde a las leyes estructurales del modelo económico. Normas que consolidaron la expansión de empresas públicas, el control estatal de los recursos naturales y la planificación económica. Estas leyes organizan la arquitectura institucional de la economía y determinan el margen real de acción de cualquier gobierno.
El tercer nivel se encuentra en la extensa red de regulaciones y disposiciones administrativas que, a lo largo de los años, ampliaron la presencia del Estado en numerosos ámbitos de la actividad productiva. Muchas de estas normas no fueron pensadas para atraer inversión ni para estimular la competencia, sino para fortalecer la intervención pública.
La economía boliviana no podrá recuperar plenamente su dinamismo si estas tres capas institucionales permanecen intactas.
Por ello, el debate que se abre no debe interpretarse como una confrontación política inmediata, sino como una discusión sobre las condiciones necesarias para el funcionamiento de la economía en el nuevo contexto histórico.
Este primer artículo propone simplemente reconocer esa realidad. En los próximos análisis será necesario examinar con mayor detalle cada uno de estos niveles: las leyes que estructuran el modelo, los efectos que han producido y las alternativas posibles para superarlos.
Porque toda transición verdadera comienza por comprender algo fundamental: no se puede construir una nueva política económica sobre una estructura institucional que pertenece a otro ciclo histórico