Fuente: ANF / La Paz
La diputada oficialista Claudia Bilbao respondió al Consejo de la Magistratura sobre el rechazo a su proyecto de ley que busca el traslado de Derechos Reales al Gobierno; dijo que la protesta de los magistrados llega después de ver que sus intereses se ven amenazados.
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Derechos Reales, entidad que resguarda el derecho propietario de todos los bienes inmuebles del país, está administrada por el Consejo de la Magistratura, encargado de controlar, fiscalizar y sancionar a los jueces. Sin embargo, ante las masivas denuncias de despojo de bienes raíces, falsificación de documentos y corrupción en procesos judiciales, las víctimas solicitaron que la institución cambie de administración.
La semana pasada, el Pleno del Consejo de la Magistratura se pronunció sobre el proyecto de ley y rechazó que el sistema pase al Gobierno, alegando que eso podría afectar la seguridad jurídica de los bienes raíces del país.
“Los magistrados recién se pronuncian cuando ven que sus intereses están siendo amenazados. Estos magistrados ya están un año y medio y no han cambiado nada en el tema de la justicia; nos han metido en problemas más serios. Hoy contestan porque estamos tocando sus bolsillos y sus intereses”, dijo la diputada proyectista.
Bilbao resaltó que varias veces pidió al Consejo de la Magistratura información sobre la situación de Derechos Reales, pero no recibió respuesta. Ahora que ven amenazados sus intereses, recién salen a oponerse a una ley que les quitará la administración.
“Derechos Reales se ha convertido en algo peor que el exFondo Indígena; es un robo diario. Hoy veo personas llorando en mi oficina y en varias oficinas de diputados, llorando. Les están quitando casas a las personas de la tercera edad. Hoy inscriben a nombre de tres personas, buscan el derecho propietario, Derechos Reales habla con el juez y, al que más plata le da, a ese le dan el derecho propietario”, aseguró la legisladora.
La diputada resaltó que su proyecto de ley no contempla que se les despoje la recaudación del Consejo de la Magistratura a través de Derechos Reales, sino que su administración pase al Ejecutivo para evitar más casos de corrupción.
“Hay denuncias de que piden más de 200 mil dólares para ser jefe en derechos reales en El Alto, en provincias o en cualquier lugar. Esta corrupción ya no puede seguir, hoy el Gobierno tiene que hacerse cargo de Derechos Reales. Buscaremos cómo va a ser, como descentralizada, como la ASFI, pero el Gobierno tiene que hacerse cargo de la propiedad privada y la propiedad pública”, insistió.