De cara a la segunda vuelta del 19 de abril, el organismo internacional anunció que mantendrá presencia en el país para dar seguimiento a estas observaciones. El organismo expresó su preocupación por las «inhabilitaciones masivas»
Fuente: eldeber.com.bo
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Las elecciones subnacionales del 22 de marzo en Bolivia dejaron una fotografía dual. Por una parte, hubo una jornada electoral con alta participación ciudadana y civismo, pero también por debilidades estructurales en el sistema electoral que, según la Misión de Observación Electoral de la OEA, deben ser corregidas con urgencia de cara a la segunda vuelta del 19 de abril.
En su primer informe preliminar, la misión internacional —liderada por la exministra de Costa Rica Cindy Quesada Hernández— destacó que más del 85% del electorado acudió a las urnas, en un proceso que permitió elegir 2.716 autoridades entre gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales.
La jornada, en términos generales, se desarrolló “en un clima de tranquilidad”, con un despliegue operativo que logró habilitar el 99,9% de las mesas de sufragio en todo el país, destaca el reporte divulgado este jueves.
Este dato se inscribe en un contexto electoral particularmente complejo. Se trató de uno de los procesos subnacionales más grandes de los últimos años, con más de 34.000 candidaturas inicialmente registradas y una renovación masiva de autoridades locales, lo que elevó la exigencia logística, tecnológica y política del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
El proceso, se lee en el reporte, estuvo atravesado por tensiones previas que marcaron la campaña. La designación de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de tribunales departamentales en plena etapa electoral generó cuestionamientos sobre la estabilidad institucional.
En algunos casos, incluso, las autoridades fueron reemplazadas a solo dos días de la votación, una decisión que —si bien legal— fue considerada por la OEA como un factor que “no contribuye a fortalecer la confianza” en el árbitro electoral.
El informe hizo referencia así a la designación de vocales para La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca por parte del presidente Rodrigo Paz. Esto sucedió el 20 de marzo.
A esto se sumó la inhabilitación masiva de candidaturas. De las más de 34.000 postulaciones inscritas, cerca del 75% fue inicialmente inhabilitado por incumplimientos administrativos o legales, reflejando tanto debilidades en los partidos como limitaciones en los plazos legales.
El efecto fue directo en la papeleta y en la percepción ciudadana. Había candidaturas que aparecían impresas sin estar habilitadas, lo que generó confusión y, en algunos casos, altos niveles de voto nulo. De hecho, en las últimas horas, a raíz de esta confusión, descrita en el informe de la OEA, hay protesta en las poblaciones cruceñas de San Ignacio y Portachuelo.
El día de la votación
Durante la jornada electoral, los observadores reportaron una apertura regular de mesas (en promedio a las 08:12) y una alta afluencia de votantes, que en varios recintos derivó en largas filas. Sin embargo, también se registraron incidentes puntuales.
Uno de los más relevantes ocurrió en Santa Cruz, donde un error en la distribución de papeletas afectó a 97 mesas y a cerca de 23.000 votantes, lo que obligará a repetir la votación en esas circunscripciones, señaló el informe de la OEA respecto a San Ignacio.
Asimismo, se identificaron problemas de accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, además de una aplicación irregular del voto preferente. La capacitación de jurados también fue desigual, un problema que el propio sistema ya había anticipado: hasta un día antes de la elección, un tercio de los jurados no había sido capacitado.
Tecnología bajo presión
En el plano tecnológico, el proceso representó un desafío inédito. El sistema electoral tuvo que procesar más de 67.000 actas, casi el doble que en las elecciones generales de 2025.
Pese a esta presión, el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) funcionó sin interrupciones y permitió difundir tendencias la misma noche de la elección, con un 97% de actas procesadas antes de la medianoche. Este elemento fue valorado positivamente por la OEA, que destacó la mejora respecto a procesos anteriores.
Sin embargo, también se señalaron limitaciones, como la falta de publicación de actas por mesa en tiempo real, lo que restringe la posibilidad de auditoría ciudadana inmediata.
Desigualdad en la contienda
Uno de los puntos más críticos del informe es el financiamiento político. A diferencia de las elecciones nacionales, en los comicios subnacionales no existe financiamiento público, lo que deja la competencia sujeta exclusivamente a recursos privados.
Esto, según la OEA, genera desigualdades evidentes entre candidatos y abre la puerta a aportes de origen poco transparente, en un sistema que además no exige reportes financieros durante la campaña ni garantiza acceso público a esa información.
Mujeres: avances normativos, brechas reales
En cuanto a la participación política, Bolivia mantiene avances en paridad para cargos legislativos, pero la brecha persiste en los espacios ejecutivos. Solo el 14% de candidaturas a alcaldías y el 9% a gobernaciones fueron ocupadas por mujeres, evidenciando un techo persistente en el acceso al poder.